En su labor de vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística, la Gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo dictó en el último año y medio casi un centenar de órdenes de derribo por infracciones. Esto supone una media de cinco requerimientos al mes para demoler construcciones -tanto viviendas como cierres, ampliaciones o accesos, entre otros - que infringieron lo dispuesto en la en la legislación urbanística, el planeamiento municipal o en ambos y que no son legalizables. La parroquia de Coruxo es la que más casos ha acumulado desde enero de 2015 al cierre de junio de 2016. A ella corresponden casi uno de cada cinco -18%- .
La oficina municipal de Disciplina urbanística recibe, al año, alrededor de un millar de denuncias por presuntas infracciones. Proceden tanto de particulares como del Registro de la Propiedad -que está obligado a comunicar a los ayuntamientos la inscripción de obras sin licencia urbanística-, la Guardia Civil y otras administraciones. También lleva a cabo sus propias inspecciones de oficio.
De todas los procesos de protección de la legalidad urbanística iniciados en el 2015 y el primer semestre de 2016, la Gerencia de Urbanismo ordenó, en concreto, 98 demoliciones. Tras Coruxo, donde se concentran 18 de estas infracciones ilegalizables, las zonas donde más derribos se han decretado son el centro de la ciudad -con 14- y Beade -otros 10-. Entre las tres parroquias, acumulan más del 40% del total de los requerimientos. En un segundo nivel estarían Bembrive -con 8- y Comesaña, Teis y Navia -con cinco casos cada una-. También con ocho está Lavadores, si incluimos los cuatro de la parroquia histórica -que no administrativa- de San Xoan do Monte. Otros cuatro han acumulado Alcabre, Castrelos y Oia. Donde se decretaron menos reposiciones de la legalidad fue en Zamáns, Saiáns y Sárdoma -una en cada una-, Candeán y Matamá -dos- y Cabral y Valladares -tres-.
Haz clic para ampliar el gráfico
Parte de los derribos de construcciones que infringen la normativa urbanística los ejecuta el propio Concello de forma subsidiaria. Es decir, tras el incumplimiento de la orden por parte de los propietarios, la Administración local lo ejecuta de forma forzosa y le pasa la factura a estos. En el último año y medio, llevó a cabo 27. Una cuarta parte fueron en Teis -7- y casi otra quinta parte -5- en el centro de la ciudad. Disciplina Urbanística señala que la mayor parte de ellas se llevan a cabo a en ejecución de una sentencia condenatoria.
En el camino Pertegueiras, en Navia, por ejemplo, se tiró una vivienda unifamiliar y el muro de contención, que contaban con orden de demolición desde julio del 2000, ya que no se ajustaron a la licencia otorgada. De un año antes es el decreto de demolición de una vivienda unifamiliar, que no cumplía con la licencia de legalización, en la calle Babío -Beade- y que se ha ejecutado ahora. Están ordenadas y pendientes de ejecución este año, por parte del Concello, una edificación de madera, los cierres y otros elementos de una "nave de hierro" y muros de contención, todos en Teis.
La Xunta tira otros cinco inmuebles ilegales
- El Concello no es la única administración que puede ordenar y ejecutar órdenes de derribo en el municipio. También puede hacerlo la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta. A los 27 derribos ejecutados por el primero en 2015 y el primer semestre de este año, se suman las cinco construcciones que ha tirado el departamento autonómico.A esta agencia le corresponde la instrucción de los expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores cuando la competencia es de la comunidad autónoma, como son los usos autorizables y prohibidos en suelo rústico; los de zonas verdes y espacios libres; y los que coinciden en la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.Así, este año, lleva dos. Ambas en el mes de marzo. Tiró una vivienda prefabricada ubicada en suelo rústico de protección especial agrario paisajístico y el inicio de una construcción junto al mar. El año pasado, demolió tres. Dos edificaciones en zonas verdes y espacios libres -una de ella en la zona de Xunqueira do Bao y Hermida- y otra en suelo rústico de protección forestal y patrimonio cultural.
Veintitrés nuevas declaraciones de ruina en el último año
- La Gerencia Municipal de Urbanismo no solo vigila que se cumpla la legalidad en las nuevas construcciones y las reformas, sino que controla el estado de los edificios para evitar riesgos por deterioro. De ello se encarga la Oficina de Conservación, que en el último año -desde el 6 de julio de 2015 al 17 de junio de 2016- dictó 861 resoluciones. Entre ellas, inició 23 expedientes de ruina de edificios, confirmó y ordenó el derribo de otros 22 -tres de ellos, de riesgo de desplome inminente- y archivó 25, después de que se demolieran.El edificio de dos plantas y bajo del número 52 de la calle Romil, en el centro; una construcción en la rúa Escalinata, número 14, en Lavadores; y otra en el 71 de la avenida del Aeropuerto, fueron las declaradas ruinas inminentes. La demolición de esta última la ejecutó el propio Ayuntamiento ante el incumplimiento de la orden por parte de sus propietarios y la amenaza que representaba.Con el fin de evitar desprendimientos u otros accidentes, este departamento municipal inició 220 expedientes; confirmó como definitivos 130, en los que ordenó obras de reforma o arreglos; y archivó 213, tras enmendarse la situación. En trece casos advirtió a los propietarios de la necesidad de adoptar medidas urgentes de seguridad. Los que no acometen estas reparaciones se exponen a sanciones que oscilan entre los 300 y los 6.000 euros. Conservación puso en el último año 85 multas.Este departamento también se encarga de gestionar la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). Realizó 545 visitas en el útlimo año, unas 11 a la semana.
