El concurso de la Xestión de Estacionamiento Regulado (XER) -antigua zona azul- tendrá que volver a licitarse pese a que el plazo de presentación de ofertas se abrió el pasado mes de mayo y el proceso se encontraba ya en fase de adjudicación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dependiente del Ministerio de Hacienda ha estimado un recurso presentado por la empresa Dornier S.A. -actual concesionaria y candidata a continuar explotando el servicio- que obliga al Concello a realizar dos modificaciones en los pliegos y, por lo tanto, a que tengan que pasar de nuevo por el departamento de contratación, sean aprobados en junta de gobierno y que se convoque otra vez el concurso público.
Según fuentes municipales, el Ayuntamiento no recurrirá esta resolución y, tras haber realizado los cambios exigidos y que califican de "menores" y "puntuales", prevé que pueda abrirse de nuevo el plazo de presentación de ofertas el próximo mes de septiembre. Este imprevisto retrasará al menos tres meses la adjudicación de la gestión del aparcamiento por parquímetros, que estaba prevista inicialmente para finales del mes pasado.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó dos de los tres recursos presentados por la empresa Dornier. Uno de ellos fue su impugnación de una cláusula del Pliego Administrativo por la que se permite a los licitadores manifestar su compromiso de constituir, en caso de ser adjudicatarios, una sociedad que gestionará la concesión del citado servicio público. El Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda anota que esta opción solo se admite para concesiones de obra pública -no de servicio público- y que por lo tanto el contrato debe celebrarse exclusivamente o con una persona física, jurídica o con uniones temporales de empresarios; pero nunca con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión, como se recogía en los pliegos y cuya cláusula ya habría sido modificada.
Cánovas del Castillo
Otro recurso estimado se refiere al Pliego de Prescripciones Técnicas. Dornier pidió la nulidad de la Zona 1 correspondiente a Cánovas del Castillo (40 plazas) al entender que no puede ser objeto del contrato por ser terreno portuario. Según se recoge en la resolución la zona es actualmente de pago en virtud de un acuerdo entre el Puerto y la empresa, no con el Concello. Por ello, el Tribunal le obliga a eliminarla del concurso. Su supresión no tiene que significar que la zona azul desaparezca, ya que probablemente la Autoridad Portuaria volvería a renovar el citado acuerdo con la nueva concesionaria.
Otro recurso de Dornier y que presentaron también otras dos empresas (Esycsa e Indigo Park) fue desestimado. Las firmas denunciaron que en los pliegos del concurso, licitado por 23,4 millones de euros y un periodo de 10 años, no se había incluido el IVA correspondiente al personal. Según las empresas, dicho tributo es de tal magnitud que su falta de inclusión distorsionaría el régimen económico. Sin embargo, el Tribunal Administrativo lo desestimó. En cualquier caso, las tres firmas recurrentes pueden interponer recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Un servicio con continuos obstáculos legales
- La zona azul no ha dejado de estar nunca bajo la lupa de la Justicia. De hecho, este último concurso se tuvo que convocar por orden del Tribunal Superior de Xustiza después de que anulara la adjudicación que había realizado el gobierno del Partido Popular en el año 2007. Ante una denuncia de la anterior concesionaria, FCC, falló que el concurso había estado "viciado" y, tras años de recursos e informes jurídicos, obligó al gobierno local a retrotraerlo al proceso de valoración de ofertas o a convocar un nuevo concurso. Finalmente, optó por esta última opción.Pero además, el servicio de aparcamiento por parquímetros se encontró entre 2008 y 2009 con otro obstáculo legal que obligó a cancelar miles de denuncias de los controladores de la zona azul. Su falta de "autoridad" para emitirlas impedía que pudieran tramitarse las sanciones y que, por lo tanto, el servicio no cumpliera con su objetivo de permitir la rotación de vehículos. El Concello tuvo que publicar los nombres de los controladores en el Boletín Oficial de la Provincia para que pudieran denunciar. Además, las reforzaron mediante la toma de fotografías de los vehículos mal estacionados.
