La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Personal de Administración y Servicios (PAS) Funcionario que el consello de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobará este viernes supondrá el despido de 36 interinos, 25 de ellos, del campus vigués, según denuncia su junta de personal. Alerta de que, además, cambia las funciones del 43% de los 370 puestos de funcionario, por lo que los afectados tendrán que concursar por uno nuevo sin que se les garantice el salario o la ciudad de destino. En Vigo son 110 las personas en esta situación. Los representantes laborales sostienen que se trata de "un auténtico ERE".

El presidente de la junta de personal, Xoán Cebro, explica que en la Universidad de Vigo trabajan 45 PAS interinos y destaca que la mayoría de ellos llevan ocho años contratados, lo que demuestra que "son necesarios". Critica que la nueva RPT solo consolida 9 de estos puestos -y crea dos nuevos en biblioteca-, por lo que los otros 36 "se van a la calle". Veintiséis son del campus vigués y diez, del ourensano. Reprocha que, entre otras cosas, no se tienen en cuenta las ratios alumno/PAS que recomienda la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación (Aneca) y lamenta que son "desfavorables" con respecto al resto de universidades públicas españolas.

El representante laboral no comprende esta medida cuando el equipo de Gobierno "dice que económicamente la universidad está bien" y contrapone los despidos pon los "cuantiosos sueldos" del personal de confianza, "superiores a los del Gobierno de la Xunta de Galicia".

En cuanto a los 370 puestos de funcionarios, cambia las funciones de 160 plazas -110, en Vigo; 35, en Ourense; y 15 en Pontevedra- "lo que obliga a una movilidad forzosa". Xoán Cebro advierte de que se abrirá un concurso de méritos en el que no se les garantiza que mantengan el salario ni el campus.

La previsión es que el Consello de Goberno apruebe el viernes la nueva RPT, que se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en el mes de septiembre para que entre en vigor a principios de 2017. Entre sus consecuencias, Cebro alerta de la desaparición de la Unidad de apoyo a la gestión de los centros de investigación. Señala que uno de sus dos administrativos es interino y será despedido. El otro es funcionario y su puesto desaparece de la RPT, así que será movido. Detalla que se encargan de los convenios con empresas y entidades públicas; de la tramitación ayudas para proyectos; y de la gestión del Cacti (Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación), la Ecimat (Estación de Ciencias Marinas de Toralla), el Cinbio (Centro de Investigaciones Biomédicas) y de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación).

Cebro acusa al equipo gerencial de haber cortado las negociaciones y de haber "manipulado" las actas de estas reuniones. Sostiene que con esta RPT vulneran la legislación básica porque "disfrazan algo que debía ser un plan de empleo". Entiende que se trata de un fraude de ley y anuncian un recurso contencioso administrativo. Está seguro de que lo ganarán y pone como ejemplo un proceso similar en la Universidad de Oviedo, aunque lamenta que tardará en llegar dos o tres años. Vaticina que supondrá "cuantiosas indemnizaciones" tanto a los despedidos -que calcula en más de 3 millones de euros- como a los funcionarios afectados por el concurso de méritos.