La juez de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, ha retirado la imputación a dos de los cinco investigados en la causa que se sigue por el presunto enchufe en una concesionaria del Concello vigués de Vanesa Falque, cuñada de la teniente alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. En el caso de la propia Falque, tal como solicitaron sus abogados, la magistrada ha acordado el sobreseimiento parcial de la causa para ella al haber prescrito el presunto tráfico de influencias que se le imputaba.

En el auto, la juez no comparte el parecer de la defensa de Vanesa Falque de que no existían indicios de ilícito penal contra su clienta: "sería una pretensión sencillamente ilusoria" para "cualquier otra persona anónima, carente de las relaciones que en este caso sí tenía la investigada por su parentesco con la entonces teniente de alcalde del Concello de Vigo, el acceder a un contrato de trabajo de cinco años de duración, cobrando puntualmente su nómina, en una empresa que no necesitaba de sus servicios y bajo los auspicios del propio Concello de Vigo". Un resumen basado en las declaraciones judiciales realizadas por el responsable de la empresa que la contrató.

Si bien, expone la magistrada, al no haberse hallado otros indicios de infracción penal distintos a los de tráfico de influencias, que quedó prescrito al transcurrir tres años desde que Falque fue contratada en junio de 2008 y se presentó la denuncia que dio origen a la causa en 2014.

En otro auto, la titular de Instrucción 7 sobresee también la causa para José Antonio M.B., "mero apoderado" de la empresa Imesapi, al considerar que carecía de capacidad de decisión tanto para la contratación de personal como "para negarse a la dinámica de contratación y facturación presuntamente impuesta desde el Concello de Vigo".

Malversación y falsedad

García Campos mantiene sin embargo como investigados por presunta prevaricación administrativa al responsable de Imesapi, la concesionaria que contrató a Falque durante 5 años, desde 2008 hasta 2013 en que finalizó su concesión en la gestión de los denominados Centros Cívicos; al edil Santos Héctor y al técnico municipal Francisco Gutiérrez Orúe ante los "indicios fundados" de que los trabajos encargados por el Concello de Vigo a Imesapi y que motivaron la contratación, no se llegaron a realizar, aunque sí fueron facturados.

La causa se sigue ahora por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental, "por razón del pago por parte del Ayuntamiento de Vigo a la empresa Imesapi de diversas facturas" por más de 128.000 euros, que en su mayor parte corresponden "a la realización de las llamadas encuestas de calidad".

Facturación de encuestas

La magistrada sostiene en su auto que existen "indicios fundados de que dichos trabajos no han sido realizados por la empresa que los factura y cobra" y para conocer si tales importes se habrían adaptado para cubrir el pago de las nóminas correspondientes a Vanesa Falque ha designado un perito sociólogo para que informe sobre si las encuestas están facturadas conforme a precios de mercado.