El Concello añadirá la vía jurídica que abre el informe de Luciano Parejo a los mecanismos que puso en marcha en los últimos meses, algunos de ellos con la colaboración de la Xunta, tras la anulación del Plan Xeral en el Supremo. Los trabajos para elaborar un nuevo planeamiento seguirán adelante, al igual que el frente judicial con el recurso de amparo presentado en marzo ante el Tribunal Constitucional. La ley exprés aprobada en febrero por el PP y el PSOE en el Parlamento gallego para desbloquear proyectos estratégicos de la ciudad ha despejado el horizonte de las actuaciones urbanísticas en marcha en el polígono de Balaídos para PSA-Citroën, y podría también contribuir a impulsar la estación intermodal junto a la del AVE en Urzáiz.
La redacción de un nuevo PXOM arrancó a marchas forzadas en diciembre. El Concello se propone mantener el modelo del documento de 2008, precisamente porque el contenido no fue puesto en cuestión en la sentencia del Supremo y la práctica totalidad de los fallos anteriores lo avalaron. Una veintena de técnicos, entre el personal de la Gerencia de Urbanismo y apoyos externos, trabajan en el borrador y el documento para la Evaluación Ambiental Estratégica. "Estos trabajos seguirán", confirman responsables municipales.
La vía que abre el dictamen de Parejo sería la más rápida con diferencia de recibir todos los avales jurídicos de la Xunta, aunque también deberá superar con seguridad la prueba de los tribunales. Un Plan Xeral partiendo desde cero tiene un largo recorrido por delante. Dos años y medio en el mejor de los casos. La tramitación, además, será diferente a la realizada con el anterior, que empezó a redactarse en el año 2000. Ahora el Concello tiene que someter el PXOM a la Evaluación Ambiental Estratégica desde el principio del proceso y presentar un documento de inicio. Le quedaría después la aprobación inicial, exposición pública para estudio de alegaciones -el de 2008 recibió más de 65.000-, aprobación provisional y la definitiva de la Xunta. Entretanto la ciudad se rige por el PXOM de 1993, que poco tiene que ver con el de 2008 y está ya prácticamente agotado.
La Lei do Solo aprobada en febrero agiliza pasos en la tramitación de los planes, pero paradójicamente puede ralentizar el recorrido del PXOM vigués. El Concello aspira a mantener "el 99% del Plan" de 2008, según afirmó el alcalde tras conocerse la sentencia del Supremo, pero esto no sería posible con el proyecto de reglamento que la Xunta tramita para desarrollar la nueva norma. Uno de su requisitos obligaría a suprimir 43.000 viviendas en suelos urbanizables, un tercio de las previstas en el planeamiento de hace ocho años, lo que ya supondría una alteración sustancial.
El buen clima con la Xunta para devolver a la normalidad el urbanismo vigués puede, con todo, agilizar pasos. Nada más conocerse la sentencia del Supremo la conselleira de Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ofreció colaboración al Concello y recibió al alcalde vigués. Fruto de ello se creó una comisión técnica que ya ha mantenido varias reuniones para tratar de avanzar en la tramitación del nuevo PXOM.
A ello se une la aprobación de la ley exprés en el Parlamento para desbloquear grandes proyectos estratégicos afectados por la sentencia del Supremo. La norma, que permite a las administraciones públicas promover actuaciones de excepcional interés aunque sean contrarias al planeamiento, se aplica a todo el territorio gallego pero se planteó tras la situación en la que ha caído el urbanismo vigués. En principio se pensó para aplicarla en el polígono de Balaídos, la estación intermodal y la Ciudad de la Justicia, y de momento ya ha tenido efectos positivos en el parque industrial. El proyecto para regularizar las actuaciones afectadas allí está en trámite y tiene informe favorable del Concello. Pronto recibirá la aprobación definitiva de la Xunta.
La estación intermodal también podría desatascarse por esta vía. En cuanto a la Ciudad de la Justicia, el Gobierno gallego ha apostado por la alternativa de ubicarla en la antigua torre del Xeral, donde tiene encaje con el Plan de 1993.
Paralelamente el Concello presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Queremos oír su opinión aunque respetamos y acatamos la sentencia del Supremo", apuntó Caballero en marzo.
