Los tres juzgados de lo Penal de Vigo, a través de sus letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales), han elevado de forma unánime una contundente petición a la Xunta solicitando una medida de refuerzo para los funcionarios -consistente en prolongaciones de jornada- debido a la elevada "sobrecarga" de trabajo que asumen. Aunque la cifra de asuntos que reciben para llevar a juicio se mueve en el rango de lo que recomiendan los módulos que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los números se disparan es en la ejecución de esos fallos judiciales. Las tres salas registraron en 2014 -última memoria publicada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- un total de 1.837 expedientes nuevos para dar cumplimiento a fallos firmes, cuando la carga máxima aconsejable se mueve en una horquilla de entre 984 y 1.176 asuntos. Los datos indican que los tribunales ingresaron así 514 ejecutorias más de lo que sería conveniente.
Los letrados judiciales advierten de que han aumentado las ejecutorias, incluidas las pendientes, con la circunstancia añadida de que entre ellas hay casos de delitos tan "delicados" como los de violencia doméstica y de género, o de complejidad, como es el caso de los ilícitos económicos, que además están al alza. Además, la reciente reforma de plazos en las instrucciones judiciales provocará, en un corto período de tiempo, la llegada de un aluvión de asuntos nuevos a estos juzgados que primero irán a juicio pero a continuación también deberán ejecutarse si recae condena sobre los acusados.
A la espera de que el TSXG publique la memoria relativa a la actividad judicial de 2015, en la última publicada se señala que los tres juzgados de lo Penal registraron casi 1.900 asuntos nuevos en un año para ejecutar lo que establece el juez en una sentencia: ingresos en prisión, órdenes de alejamiento, pago de multas o indemnizaciones... A esta cifra hay que añadir las 1.989 que hubo que reabrir por cuestiones relacionadas con la ejecución de esas condenas. En situación de archivo provisional había ese año más de 2.100 causas -ya tramitadas pero a la espera de que los condenados finalicen de cumplir sus penas-, mientras que en 1.837 casos se pudo cerrar definitivamente el expediente ya que los sentenciados finalizaron su condena. "No es posible un control efectivo de todas las causas que evite riesgos de error o prescripciones cuando cada funcionaria debe llevar más de 140 ejecuciones en trámite", se señala en el escrito de uno de los juzgados.
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Pese a la petición de prolongación de jornadas contemplada en los informes firmados por los letrados judiciales -que se adjuntaron a un escrito elevado por el sindicato SPJ USO-, fuentes de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta señalaron que al menos por el momento no se prevé esta medida de refuerzo ya que estas salas "no se encuentran en la actualidad ni al 100% de su carga de trabajo".
