El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, ha visto frustrada su petición a Puertos del Estado de que actúe para evitar la marcha de Maersk a Marín, pero no da la batalla por perdida. "Yo nunca tiro la toalla", afirmó ayer desde Bruselas, adonde se trasladó junto a la conselleira de Pesca para presentar las líneas de trabajo de la estrategia de planificación marítima sostenible "Blue Growth" (Crecimiento Azul).

Aunque López Veiga conoce con detalle la resolución, no quiere precipitarse en sus próximos pasos y señala que analizará con detalle la respuesta de Puertos, ya que requiere de un examen "técnico." "La estudiaré en profundidad y tomaré un tiempo de reflexión a fondo para dar contestación en el momento oportuno", explica.

Por ahora el responsable portuario desconoce si cabe la posibilidad de presentar algún recurso frente al dictamen del ente estatal y continuar esa vía, o plantea alguna otra fórmula para que Maersk mantenga su servicio en la terminal de Guixar. Pese al varapalo, no se rinde. "No quiero polemizar pero no tiraré la toalla", comenta.

En todo caso, mantiene uno por uno todos los argumentos que presentó ante Puertos del Estado, en los que reclamaba que arbitrase medidas en el conflicto y procediese a prohibir -según figura en el escrito que había presentado- "un aumento de las actividades en el Puerto de Marín en aquellas instalaciones declaradas ilegales por el Tribunal Supremo al menos hasta el momento en que se dé una solución final a este contencioso".

López Veiga también demandó un estudio exhaustivo de las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores de Termavi y de Pérez Torres Marítima S.L. "con el fin de esclarecer las posibles desventajas competitivas entre ambos puertos".

Finalmente el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa había solicitado a Puertos del Estado que pusiese en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia la marcha de Maersk a Marín. Todo ello, recoge el escrito que remitió, "a fin de que se dicten los remedios oportunos para restablecer la competencia entre ambas autoridades en lo relativo a las imposiciones legales en términos de la utilización de la SAGEP, que afectan a aquellos que utilicen una u otra Autoridad Portuaria como base de operaciones, en el caso de que Puertos del Estado estimara que arbitrar los citados remedios puedan exceder a sus competencias".