Un empresario vigués y varios de sus allegados han sido detenidos por la Policía Nacional en una operación contra el fraude fiscal y por presuntos delitos contra la Seguridad Social y contra los trabajadores a través de una veintena de empresas. Agentes de la comisaría de Vigo realizaron los arrestos y registraron durante el día de ayer varias sociedades vinculadas al principal implicado, el administrador de la Compañía de Protección y Vigilancia Galaica S.A. con oficinas en Cabral, de donde se llevaron numerosa documentación en su presencia.

La investigación apunta que el principal sospechoso, a través de las sociedades de las que es administrador único, habría tejido un complejo entramado para eludir sus responsabilidades con la Agencia Tributaria, una cantidad que se sospecha rondaría los 2 millones de euros a la espera de analizar la documentación intervenida. Entre las empresas figuran, además de la dedicada a la seguridad privada, varias firmas de hostelería y taperías, talleres y empresas de construcción y de servicios.

La investigación sobre los negocios de este empresario, antiguo miembro de las fuerzas de seguridad, comenzó hace varios meses cuando la unidad especializada en falsedades documentales de la comisaría de Vigo, UCRIF, desmanteló una trama de falsos cursos a vigilantes de seguridad.

Entonces la directora de una academia viguesa, donde supuestamente se impartían las clases, y tres responsables de la empresa de seguridad que los firmaban, incluido su administrador, figuran investigados por presunta falsificación. Los registros de ayer se enmarcarían por tanto en la segunda fase de las diligencias abiertas entonces por el Juzgado de Instrucción 1 .

Aquel "negocio" parecía redondo además de lucrativo, según destapó la comisaría viguesa: impartir cursos fantasmas de formación a vigilantes de seguridad que ni se enteraban de que estaban siendo utilizados, cobrar las subvenciones o ayudas que correspondieran y anotar las titulaciones en la cartilla profesional de empleados de una compañía de seguridad que opera en toda la provincia de Pontevedra y que trabaja para numerosos organismos públicos.

La situación se descubrió porque al concluir su relación laboral varios vigilantes de seguridad se encontraron en su cartilla profesional con cursos de expertos en explosivos o en eventos de multitudes que nunca habían realizado y lo denunciaron. La investigación destapó entonces que al menos 17 cartillas de otros tantos trabajadores habían sido supuestamente falsificadas también. Ahora la investigación se extiende a las numerosas sociedades del empresario.