El hermano José Antonio Donaire fue expulsado ayer de la orden seglar a la que dedicó toda su vida, los Hermanos Pobres de Teis, por el comisario y máximo responsable de la entidad al descubrirse que será juzgado por presunto delito de estafa agravada a una mujer con demencia senil con la que figuraba como cotitular en las cuentas corrientes y a la un colaborador acompañó al notario para que testara a favor de la orden. El arzobispado de Barcelona, de quien depende la Pía Unión de los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres a nivel nacional, y el obispado de Tui-Vigo ya se han personado como acusación particular, según informaron en una rueda de prensa en Vigo el comisario nombrado por el Arzobispo de Barcelona y el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, que señalaron que la Fiscalía solicita 2,5 años de cárcel y multa para Donaire, procesado con otras cuatro personas.
La fulminante expulsión de José Antonio Donaire es la segunda que se produce en los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres en apenas una semana. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, intervino la orden seglar en Semana Santa y expulsó a su tesorero, el peruano Vicente Samán, tras descubrirse irregularides económicas que saltaron por la venta de un inmueble en Barcelona. Tras la denuncia del arzobispado a los Mossos, Samán fue detenido y ayer pasaba a disposición judicial. El obispado de Vigo, anunció Quinteiro Fiuza, también se personará con el arzobispado de Barcelona en la causa que se abra en Cataluña
El comisario designado por Omella viajó a Vigo hace tres días para registrar su sede de los Hermanos Pobres de Teis, ya que Samán estuvo destinado varios años en la ciudad olívica y no se descarta que la trama económica descubierta, por la que se habrían enviado decenas de miles de euros a sus allegados en Perú, tenga alguna ramificación en Vigo. Y es que los hermanos Pobres de Teis reciben anualmente una importante cantidad de dinero por parte de la Xunta en pago a los 5 millones de euros por los que vendieron a la administración el castillo de Pambre en Lugo.
La auditoría en la ciudad olívica no ha terminado, pero los técnicos descubrieron el escrito de acusación del fiscal y la apertura de juicio oral contra Donaire por parte de la magistrada del Juzgado de Instrucción 1.
La perjudicada es una mujer mayor y con demencia senil, siendo incapaz para gobernar su persona y sus bienes. El fiscal sostiene que gozaba de un elevado estatus económico por herencia de su familia: era titular de un piso en Vigo y tenía importantes cantidades de dinero disponible en varias cuentas corrientes y depósito a plazo fijo. Los cinco procesados, para quienes se piden penas de entre 4,5 años y 2,5 años de cárcel, la habrían estafado de forma individual entre 2007 y 2011, cuando una llamada anónima a los Servicios Sociales del Concello de Vigo y la comparecencia de un empleado bancario alertaron de los posibles abusos económicos.
Hasta tres personas ajenas a la orden "vaciaron" las cuentas de la mujer y la acompañaron a un notario para que hiciera testamento a su favor entre 2007 y 2011. Así, un varón residente en la casa de los Hermanos Pobres de Teis, una mujer que se fue a vivir con ella a su piso para cuidarla tendrán que reintegrar a su herencia 120.000 euros. En el caso de Donaire no se reclama cantidad alguna ya que no llegó a retirar dinero las cuentas.
El Ministerio Público sostiene que la perjudicada se fue a vivir a la residencia de Teis en 2011 y que Donaire y un colaborador de la orden en vez de solicitar su incapacidad, la convencieron para nombrarles cotitulares de sus cuentas. Ambos acusados, según el fiscal "con la intención de obtener un beneficio económico ilícito y abusando de la situación de vulnerabilidad de la perjudicada, que vivía con ellos la convencieron y la llevaron a un notario para que otorgara testamento a favor de los Hermanos Misioneros Pobres de Teis. En aquel momento la mujer tenía ya sólo 3.000 euros en el banco y era titular de un piso.
Tras judicializarse el caso la mujer fue declarada incapaz y pasó a depender de la Fundación Galega para Tutela de Adultos (Funga). Dada la gravedad de los hechos los obispados de Vigo y barcelona jercen la acusación particular.
