El Puerto de Vigo se propone frenar a toda costa la marcha de la naviera Maersk a Marín a partir del 18 de mayo. Su presidente, Enrique López Veiga, ha solicitado por carta al responsable de Puertos del Estado, José Llorca, que prohíba el aumento de las actividades en la terminal marinense apelando a su "ilegalidad" por ubicarse en un relleno al mar condenado por el Supremo a la desaparición. Esta es una de las "medidas cautelares" que Veiga reclama al organismo estatal en un escrito al que ha tenido acceso FARO y con las que busca garantizar que ambas terminales compitan en igual de condiciones al considerar que Vigo funciona con "desventaja". En caso de que "los remedios oportunos" a lo que considera un "conflicto" exceda las competencias de Puertos, el dirigente portuario vigués requiere la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia.
La "Solicitud de adopción de medidas cautelares para remediar la alteración de la competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios" que se produce entre Marín y Vigo, como así encabeza la carta, arranca con un recordatorio de los hechos. Cuando el pasado 14 de marzo fue informado por los responsables de la terminal de contenedores de Vigo, Termavi, de que había perdido la subasta de las operaciones de Maersk "al haber podido realizar la Terminal de Pérez Torres Marítima S.L., ubicada en el Puerto de Marín, una oferta económica más favorable", reza la misiva. Sobre la repercusión de la pérdida de este tráfico, Veiga dice que Maersk mueve "el 29% de las mercancías movidas en contenedores en Guixar". A expensas de un estudio más amplio ya vaticina que "haría que la Autoridad Portuaria cerrase 2016 con pérdidas cuantiosas".
En concreto, Veiga insta a Puertos del Estado a que proceda a "prohibir un aumento de las actividades en el puerto de Marín en aquellas instalaciones declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, en sentencia del 30/10/2009, al menos hasta el momento en que se dé una solución final a este contencioso planteado por la sentencia". Al mismo tiempo demanda un "estudio exhaustivo de las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores utilizados en la terminal de Vigo y de la de la Marín con el fin de establecer las posibles desventajas competitivas entre ambos puertos".
Razona que la terminal ganada en concurso por Pérez Torres "está ubicada en unos terrenos situados en unos muelles realizados en su día para ampliar el Puerto de Marín que han sido declarados ilegales". Se refiere al fallo del Supremo que "condena además a la Autoridad Portuaria de Marín, a la Diputación de Pontevedra y a la Xunta de Galicia a la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado anterior a las obras". El otro factor señala directamente al hecho de que Marín juegue con ventaja en términos de competitividad portuaria. "Mientras en el Puerto de Vigo las labores de carga y descarga han de ser realizadas al 100% por los operadores de la Sagep [la sociedad de estiba que controla, casi monopoliza, las labores de carga y descarga en los muelles], esto no sucede así en el Puerto de Marín", argumenta. Y sigue: "En Marín, la plantilla de la Sagep es muy reducida y en la práctica, la casi totalidad de los trabajos son realizados por trabajadores ajenos a la misma, con costes unitarios por trabajador muy por debajo de lo que los terminalistas de Vigo se ven obligados a abonar por imperativo legal".
Entre los "Fundamentos de Derecho" que le concederían legitimidad para pedir la intervención de Puertos o la de la Comisión Nacional de la Competencia, Veiga cita el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que establece que "la supervisión y promoción de la competencia en la prestación de servicios portuarios corresponde tanto a Puertos del Estado como a las Autoridades Portuarias". La misma ley por la que Puertos "debe arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre las entidades prestadoras de servicios, a solicitud de éstas cuando trasciendan el ámbito geográfico de una Autoridad Portuaria y en su caso, entre dos Autoridades Portuarias por razón de los servicios prestados en cada una de ellas o de ambas". Al amparo de estas normativas, el presidente del Puerto de Vigo urge "medidas cautelares oportunas que restablezcan la competencia efectiva" entre ambos puertos al entender que "podría haber una vulneración de las normas".
Alternativas
La "alteración" de esa competencia efectiva ha facilitado, según recoge la carta, que el terminalista marinense pudiera ofrecer a Maersk unas condiciones mejores a las de Termavi. Veiga afirma que "resulta evidente" que el operador vecino "se ve favorecido" por la situación "actual legal". "Por un doble motivo", incide. El primero, que "está en la práctica exento de la utilización de personal de la Sagep, a la que está obligado de hecho el terminalista de Vigo", implicando para éste "costos de explotación automáticamente superiores a los del Marín".
Pero aun "más discriminatoria" ve la situación de Vigo respecto a la de Marín desde el punto de vista legal. Cita la condena del Tribunal de Justicia Europeo de 2014 que obliga a España a liberalizar la prestación de servicios portuarios. Dos años después sigue pendiente de cumplirse por parte de Puertos del Estado, pero el fallo judicial ya sugiere alternativas "menos restrictivas" para garantizar la manipulación de las mercancías, y curiosamente, se parecen mucho a las que se aplican en Marín. Veiga critica que las leyes españolas prohíban en la actualidad echar mano de esas alternativas. "Por ello el terminalista de Vigo se ve privado por una ley española declarada contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que no se aplica de facto en Marín", denuncia.
