La familia Gabarri Montoya ha logrado que el banco les conceda una prórroga para encontrar alguna solución habitacional. Sus diez miembros habían ocupado y arreglado un bajo del Banco Popular en la calle Severino Cobas, vacío tras un lanzamiento, y pedían a la entidad que se lo alquilara como vivienda social.
El banco ve inviable su habilitación como vivienda y les ofreció otras posibilidades que la familia descarta, al tratarse de pisos donde no pueden guardar chatarra. De ahí su llamamiento a los ciudadanos dispuestos a alquilar una casa para diez personas de etnia gitana, incluido un bebé.
"¡Nosotros queremos pagar un alquiler!", afirman los afectados que cuentan con el apoyo de la Plataforma Antidesahucios Val Miñor, cuya representante Carlota Pérez reivindicó el fin social de las viviendas desocupadas.
El lanzamiento de desahucio estaba previsto para el 5 de abril pero tras el juicio que acaba de celebrarse en el Juzgado de Instancia número 7 de Vigo se pospone un mes.
