La Universidad de Vigoreclama a Hacienda la devolución de 16,2 millones de euros del IVA correspondiente a la compra de material para investigación básica durante la última década tras conocer el fallo del Supremo a favor de su homóloga compostelana, a la que la Agencia Tributaria deberá reintegrar 1,2 millones correspondientes al ejercicio de 2005. Se trata de la segunda sentencia del Alto Tribunal en este sentido y, por tanto, crea jurisprudencia, pues el pasado febrero también fijó la obligación de devolver a la de Salamanca la cantidad de 3,1 millones de euros, correspondiente al periodo comprendido entre 2002 y 2004.
La cuestión por la que Vigo y casi todas las universidades españolas litigan contra Hacienda radica en que la Administración considera que la investigación básica está relacionada con la enseñanza, actividad que no tiene posibilidad de deducción al contrario que la investigación aplicada, con derecho a desgravación total.
En sus dos recientes fallos, el Supremo da la razón a Santiago y Salamanca al entender que la docencia y la investigación básica no pueden vincularse a pesar de que en muchas ocasiones haya coincidencias entre el personal dedicado a la enseñanza y el de I+D.
El Alto Tribunal tampoco admite el argumento de la Abogacía del Estado de que los resultados obtenidos en esta actividad que no sean utilizados en investigación aplicada pueden usarse en la docencia, ni tampoco en el caso de los bienes y servicios adquiridos. De esta forma, ratifica en sendos fallos el derecho de ambas instituciones a deducir el 100% del IVA por la compra de material.
En el caso de Vigo, la institución está pendiente de las resoluciones de la Audiencia Nacional respecto a sus reclamaciones por el IVA del periodo correspondiente a 2005-2010. Las cantidades referentes a 2011 y 2012 son motivo de sendos recursos de casación en el Tribunal Supremo y las de 2013 y 2014 se encuentran en el Tribunal Económico Administrativo.
La suma de las diferentes anualidades asciende a los 16,2 millones de euros e incluye la compra de todo tipo de material, desde el instrumental básico de laboratorio, como pipetas o guantes, a los equipos tecnológicos más sofisticados.
"Lo que esperamos es que tras las sentencias favorables de Santiago y Salamanca no sea necesario que nosotros lleguemos hasta el Tribunal Supremo y Hacienda realice ya la devolución. La postura es bastante unánime pues todos los fallos en instancias previas siempre son a favor de las universidades", destaca José Manuel García Vázquez, vicerrector vagues de Economía y Planificación.
"Hacienda siempre ha mantenido esta consideración respecto a las actividades de investigación básica sobre la que las universidades discrepamos. Al considerar que incluye una parte de objetivos docentes nos aplican una prorrata que en nuestro caso está sobre el 15-20%", explica.
Un único sector
Según las sentencias del Tribunal Supremo, la jurisprudencia y la doctrina, la investigación básica tiene como objetivo obtener nuevos conocimientos que impulsen el avance tecnológico mediante estudios financiados por la propia universidad o las administraciones públicas.
Por su parte, la investigación aplicada, también llamada contratada, busca transferir resultados científicos o técnicos a sectores productivos, de servicios o a la Administración. Esta actividad se financia con las contraprestaciones de quienes encargan dichos proyectos.
La Administración defiende que la básica está relacionada con la actividad docente y, por tanto, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) solo es deducible a prorrata, mientras que el argumento de las universidades es que la actividad investigadora integra un único sector diferenciado, que debe tener su propio régimen y desgravar al 100%.
