¿Quién puede ponerle puertas al campo? Esto es lo que se preguntan los usuarios de los apartamentos vacacionales que se contratan a través de Internet. La Xunta prepara una normativa para regularlos, lo que inquieta a más de 200 vigueses que tienen un anuncio en una de estas webs. En la oposición al reglamento se encuentran los usuarios; al otro lado, los hoteleros, que presionan para acabar con lo que califican de competencia desleal.
Los apartamentos turísticos comenzaron a comer terreno a los hospedajes tradicionales hace algunos años y Vigo es la ciudad gallega donde más se ha notado. "Al principio era un cartel en un balcón, una cosa residual que no importaba, pero el daño se ha ido incrementando, lo puedes ver en cualquier página, está llena de apartamentos", señala César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hoteles. Considera que la normativa debería haberse desarrollado antes y estar ya funcionando, pero valora de manera positiva el paso que se ha dado. Entre otras cuestiones, la Ley exigirá metros mínimos de superficie, habitaciones o disponer de seguro de responsabilidad civil.
La Xunta quiere poner coto a un nuevo sistema económico, que ha crecido a una velocidad inasumible por el tradicional, con multas que pueden llegar a los 9.000 euros. Los usuarios se muestran confusos y en desacuerdo con los requisitos. María Dolores Vilas y Daniel Valderrey alquilan tres habitaciones de su casa de Valladares desde hace un año. Consideran que lo único que busca el Gobierno autonómico es "beneficiar a los hoteles" y "asfixiar a la gente que trata de buscar una ayuda". Vilas tiene 54 años, es psicóloga, pero trabaja de manera intermitente. Valderrey está en paro. Tiene 53 años. "Nos ayuda a tirar unos meses, no pueden pretender regularlo todo, ¿cómo van a meterse en lo que yo hago en mi casa?", se pregunta Vilas.
Sánchez Ballesteros reconoce que no es fácil regular una economía tan diluida y que en Vigo todavía no se ha llegado a la competencia voraz de otras ciudades españolas, como Barcelona. Wimdu, la mayor plataforma europea de alquiler, se muestra "dispuesto a colaborar con las administraciones regionales para definir un marco legal claro" que pase por un reconocimiento de la actividad y no por su prohibición. Compara la legislación gallega y catalana y considera que la de "Galicia tiene un mayor sentido" y desea "que esto sea una señal de integrar los dos modelos turísticos y económicos en el futuro".
El sector hotelero "no está en contra de que existan, pero sí de que lo hagan sin control ni seguridad de ningún tipo", puntualiza Sánchez Ballesteros. La página Airbnb, con la mayor comunidad este tipo de alquileres del mundo (50 millones de viajeros), recuerda que las personas que ofrecen su casa "antes de anunciar su espacio, se comprometen a cumplir con las normativas locales y deben hacer frente a sus obligaciones fiscales". Valderrey y Vilas argumentan que Vigo es una ciudad con pocos turistas en comparación con otras ciudades de España: "Aquí vienen menos turistas, la mayoría solo en verano y lo que sacas apenas te sirve para cubrir unos gastos". Asegura que la cantidad que suelen obtener está exenta de impuestos, pero aún así lo declaran en la Renta.
José Antonio Mera certifica que también lo hace. Alquila un apartamento en el Casco Vello y se esfuerza en ser un buen anfitrión. "Les dejo cosas para desayunar, les explico qué pueden ver y si quieren hasta los llevo a dar un paseo en un balandro que tengo", cuenta. La reputación es la moneda más importante en estas redes, los comentarios de los usuarios pueden dejar a un usuario fuera de la página. Mera, jubilado, considera que el Gobierno "no busca más que poner trabas administrativas" y explica que él no vive de esto, pero sí ayuda a la economía local porque además de atraer turistas ha contratado a una persona para que le ayuda en la limpieza.
Las plataformas de alquiler están a favor de encajar su actividad en una ley, pero subrayan que se trata de "personas normales, que tienen un empleo o dedicación muy distinta y que deciden alquilar un espacio en su casa para ganar un dinero extra." Por ello consideran que deberían estar exentos de cargas administrativas. Airbnb pide que se tenga en cuenta los nuevos tiempos: "Las leyes que regulan el alquiler de viviendas por periodos cortos fueron pensadas para una época muy diferente".
La normativa en ciudades europeas permisivas
- | Londres. La ley permite a los londinenses alquilar su vivienda habitual por un máximo de 90 días al año.| París. La Loi Alur recoge que cualquier residente en Francia que tenga una vivienda puede alquilarla sin tener que pedir un permiso específico, siempre y cuando esa sea su primera residencia. También permite el alquiler por estancias cortas en las segundas residencias, aunque deja a las ciudades el criterio para imponer requisitos adicionales. Airbnb llegó a un acuerdo con París para recaudar y pagar la tasa turística en nombre de sus anfitriones.| Milán. En septiembre de 2015 la región de la Lombardía (que incluye la ciudad de Milán) aprobó una normativa la cual establece que los residentes son libres de compartir sus casas y que el home sharing (compartir casa) no es una actividad profesional.| Ámsterdam. La ciudad promueve el intercambio responsable de viviendas y simplifica el pago del impuesto de turismo en la ciudad.
