La junta de personal de Xustiza de Vigo criticó ayer las "incertidumbres" que plantea el traslado de la Ciudad de la Justicia al antiguo Hospital Xeral, proyecto que considera "políticamente oportunista"; y pidió "una auditoría seria y externa" que valide la viabilidad arquitectónica y económica para el uso judicial del viejo complejo sanitario.
Los representantes de los trabajadores creen que la idea de unir las dependencias judiciales en un mismo espacio "es buena", pero reclaman una reunión con el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, para que "las incertidumbres sean certezas" y haya un convenio con "todas las garantías".
En concreto comentaron, en una comparecencia para valorar el plan, que la Xunta ha presentado un informe con "12 páginas, de las que sólo una es técnica", a partir del que avala un presupuesto de entre 25 y 30 millones de euros. La junta pide una auditoría que evalúe el estado de las instalaciones del Xeral para así evitar que el dinero caiga "en saco roto si luego el edificio no vale".
En relación al presupuesto, censuran que por parte de la Administración autonómica "no hay un compromiso de gasto firmado más allá de 3 millones para este año", lo que obligaría en 2017 y 2018 a poner 24 millones. Además, indican que el protocolo firmado por la Ministra de Empleo "genera expectativa" pero "no compromete casi nada".
La junta también pone el foco en que la zona del Xeral, aunque céntrica, es "complicada" para aparcar, y la propuesta para resolverlo resulta "un poco anómala", puesto que plantea un estacionamiento de superficie en el Anexo 1, "donde no hace mucho hicieron una inversión de siete millones en tres quirófanos".
Sobre ello, el presidente de la junta, Xosé Barreiro (CIG), cuestiona "cómo se puede hablar de dinero y tirar una estructura -el Anexo 1- que puede seguir siendo usada para sanidad" sin que se haya convocado un concurso de ideas.
Los portavoces recuerdan que se plantea ubicar los juzgados en un edificio de 60 años acerca del que "el mismo partido político -el PP- que dice que vale para la Ciudad de la Justicia dijo que había que destruirlo" . La junta de personal también pone reparos a los plazos aportados, ya que el proyecto de la calle Lalín "podía empezarse a construir este año" con una planificación directa y exclusivamente judicial y con "sitio de sobra". Sin embargo el plan del Xeral "retrasaría la entrega sobre lo previsto".
El portavoz de la CUT, Pablo Valeiras, manifestó que los trabajadores tienen la sensación de que la Ciudad de la Justicia es "otro --tema-- más en la lucha entre el Ayuntamiento y la Xunta, a seis meses de las elecciones" autonómicas y ante la presentación de Rueda como presidente del PP de Pontevedra. Para la junta, Xunta y Concello "pelean por ponerse una medalla" con el proyecto en el Xeral.
