El proyecto para convertir el antiguo Hospital Xeral en la Ciudad de la Justicia da un paso en la hoja de ruta con el objetivo de que la nueva infraestructura empiece a funcionar en 2019. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, firmaron ayer un protocolo para la reasignación de usos del antiguo complejo sanitario, y la previsión del Gobierno gallego es licitar en menos de un año las obras de adaptación que necesitan la torre y uno de sus anexos para acoger la sede judicial. Dentro de un mes, según señaló Feijóo, se convocará el concurso para diseñar la reforma, cuyo presupuesto está estimado entre 25 y 30 millones de euros.
"El Xeral siempre fue un edificio vivo y merecía seguir siendo útil. Hoy iniciamos un nuevo episodio en su vida y en la historia de Vigo. Será la Ciudad de la Justicia reclamada desde hace mucho tiempo", proclamó el presidente de la Xunta en un acto en el que estaban presentes entre otros la ministra de Fomento, Ana Pastor; el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda; la presidenta de la Diputación y primera teniente de alcalde, Carmela Silva; el presidente del Tribunal de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el Fiscal Superior, Fernando Suanzes; el decano de los jueces de Vigo, Germán Serrano; el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva; el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, Antonio Maroño; varios alcaldes del área; el presidente del Puerto, Enrique López Veiga; la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa; el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves: ediles, y representantes del mundo empresarial de la ciudad y de los comerciantes del entorno del Xeral.
"Es un día importante para Galicia. Cambiamos el uso de un edificio emblemático para convertirlo en Ciudad de la Justicia, dando cercanía y mejores servicios", destacó Báñez. La Seguridad Social es propietaria del Pirulí, sus dos anexos y la parcela que ocupan. El preacuerdo entre la administración central y la autonómica establece la cesión gratuita y por tiempo ilimitado para el nuevo uso judicial de la torre y uno de sus anexos, mientras que el otro sigue albergando servicios sanitarios. El Plan Xeral de 1993, que ha pasado a regir el urbanismo de Vigo tras anular el Tribunal Supremo el de 2008, da encaje a la Ciudad de la Justicia sin necesidad de modificaciones.
Silva intervino en representación del Concello, ya que el alcalde, Abel Caballero, estaba en Madrid para presidir la junta de gobierno de la FEMP. "Entre los edificios que amamos destaca el Pirulí, situado en una zona muy central que veía con preocupación la desaparición del Xeral por la influencia negativa que tiene para el comercio y los servicios", explicó la edil, para agregar que "la Ciudad de la Justicia es una necesidad urgente y va a estar situada en el mejor lugar".
El protocolo firmado ayer establece los nuevos usos para el Xeral, si bien el procedimiento para la cesión a la Xunta aún está en curso. El Gobierno gallego prevé cerrarlo en las próximas semanas y convocar en abril el concurso de ideas para la reforma del edificio en colaboración con el Colegio de Arquitectos, representado ayer también por su delegado en Vigo, Antonio Davila. Entre otras actuaciones será necesario modificar la altura de las plantas inferiores para ajustarlas a sus nuevos usos, reacondicionar todo el interior para los despachos y salas, y encontrar una solución para garantizar las 300 plazas de parking necesarias.
Además, todo el edificio deberá ser sometido a revisión. Los informes técnicos concluyen que el estado de la estructura y la mayor parte de la fachada es bueno, mientras que los acabados se encuentran en peor situación.
"Es un trabajo muy ambicioso y atractivo", apuntó sobre la reforma Feijóo, quien resaltó que el proyecto del Xeral incrementa en 10.000 metros cuadrados la superficie que tendría la Ciudad de la Justicia en el entorno de la calle Lalín, donde estaba prevista. La torre, según los informes de la Xunta, no solo permitiría albergar los servicios necesarios a corto plazo, sino implantar más de 20 órganos judiciales a mayores.
"Aportamos tres soluciones: una urbanística, ya que el uso está permitido; otra para la mejora de las infraestructuras judiciales; y una tercera para un edificio emblemático de Vigo, que va a adaptarse a una nueva realidad", agregó Feijóo.
La hoja de ruta pasa ahora por completar la cesión, convocar y adjudicar el concurso, y licitar las obras. Para 2016 el presupuesto de la Xunta deberá incluir partida para empezar a ejecutar la reforma de la torre y su anexo. El plazo es de tres años, con lo que estaría terminada a lo largo de 2019. Esta es la misma fecha que manejaba Vicepresidencia para poner en funcionamiento la sede judicial en el entorno de la calle Lalín.
Por otra parte, la junta de Personal de Administración de Xustiza en Pontevedra presentó un escrito en Vicepresidencia en el que pide "se garantice con total seguridad e independencia que la estructura del Xeral está en condiciones de ser rehabilitada".
