José Manuel Figueroa prestó declaración hoy durante 20 minutos ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo en relación con el caso "Hormigón". La juez lo citó como investigado en relación con una autorización de gasto de más de 203.000 euros para la instalación y soterramiento de dos islas de recogida de basura en el entorno de Barreiro a favor de Movexvial, que derivó en un expediente de reconocimieto extrajudicial de créditos. Por estos mismos hechos ya declaró ayer el exgerente de Urbanismo Xavier Rivas, que desvinculó cualquier actuación de la Gerencia con el expediente.

Figueroa fue citado en calidad de concejal de la Gerencia de Urbanismo. "Salgo satisfecho, contesté a todas las preguntas de juez y fiscal; nuestra actuación fue correcta y espero que la causa se archive cuanto antes contra mí", manifestó el concejal y presidente del PP de Vigo a su salida.

También esta mañana estaban citados el exedil de Deportes del BNG Xavier Alonso y un funcionario municipal, José Ángel Otero Lamas, ambos por otro expediente relativo a unas obras de remate en el parque de Barreiro.

El exedil nacionalista explicó que en su comparecencia realizó las "aclaraciones" necesarias sobre dichas obras. Señaló que estos trabajos se iniciaron cuando él era concejal de Deportes, pero las obras a mayores que dieron lugar al reconocimiento extrajudicial de crédito fueron posteriores a su etapa en la concejalía, aseguró. En todo caso, mostró su plena confianza en los técnicos municipales que intervinieron en el expediente investigado. "Seguro que todo está hecho bien", manifestó a su salida del juzgado.

Y en la "Patos", que lleva Instrucción 7, hoy comparecen el jefe de división de proyectos de la Autoridad Portuaria, José Enrique Escolar Piedras, que guardó silencio ante la juez, y el empresario Agustín Rodríguez. Ya son seis los investigados citados los últimos días se acogieron a su derecho a no declarar a la espera a que la juez resuelva la petición de nulidad de las escuchas telefónicas que solicitan más de una quincena de abogados defensores. La Fiscalía se opone a esta anulación.