Los grupos del PPdeG y PSdeG avalaron ayer la tramitación exprés del proyecto de Ley de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés, es decir, la normativa con la que se busca desbloquear la ampliación del polígono de Balaídos, la estación intermodal y la Ciudad de la Justicia, si bien esta última está a expensas de la alternativa que ha planteado la Xunta para emplazarla en la torre del Xeral. El texto se debatirá en el siguiente pleno del Parlamento, la próxima semana.
La norma tendrá aplicación sobre todos los municipios gallegos aunque el Gobierno autonómico la ha impulsado tras el bloqueo de proyectos clave que ha supuesto la anulación del Plan Xeral de Vigo por parte del Tribunal Supremo. El texto se configura como una ley de artículo único, con diez apartados, una disposición derogatoria y dos finales. En el segundo se recoge el régimen excepcional para actos promovidos por los órganos de las administraciones públicas que no sean conformes con el planeamiento urbanístico cuando existan razones de urgencia o de excepcional interés público. Además, el número diez extiende esta excepción a proyectos impulsados por la Administración del Estado, con lo que, conjuntamente, permitirían proyectos como la ampliación de PSA, la intermodal o la ciudad judicial.
La Xunta explica que la "oportunidad" de presentar esta legislación "se revela si cabe de forma más evidente tras los más recientes pronunciamientos judiciales firmes de declaración de nulidad de planeamientos urbanísticos", como es el caso de la ciudad olívica. Así, es preciso, añade, "dar respuesta rápida y eficaz a aquellos proyectos que no pueden ser paralizados en el tiempo hasta la aprobación de un nuevo plan, por las consecuencias que implicaría en el bienestar del conjunto de la ciudadanía gallega y en el crecimiento social y económica de la Comunidad".
El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, puso ayer el acento en que la cuestión "podía estar resuelta si no hubiese el impedimento de AGE" a que se tramitase la enmienda a la Lei do Solo que tenía el mismo objetivo. El parlamentario popular reivindica que el texto "viene con todos los informes" y "a partir de ahí la opinión pública juzgará quién resuelve, qué problemas son capaces de poner de acuerdo al PSOE, al alcalde de Vigo, y a la Xunta, y quién está en contra de resolver estas cuestiones", sentenció.
"Es lamentable que no sea entendida la urgencia", censuró el portavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, al respecto de los grupos minoritarios de la Cámara y sus críticas a la forma de tramitación, a los que reprocha que "rechacen" la ley porque la promueve la Xunta. Por el contrario, reivindicó la "oposición seria y rigurosa" de su formación.
Para el viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Antón Sánchez, el texto presentado "es una solución mala" e insistió en que "detrás se esconde" la posibilidad de "hacer otros proyectos al margen o contrarios al planeamiento" urbanístico. "No es una ley que se restrinja a Vigo", aseveró.
El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, apuntó que su grupo tiene que estudiar aún el texto. Consuelo Martínez, por parte del Grupo Mixto, censuró la "imposición" de esta normativa por la vía de urgencia, que "pone en peligro" el urbanismo gallego.
