Ni sorpresas, ni cambios de postura in extremis. El pleno del Parlamento de Galicia siguió ayer la pauta prevista y dio luz verde a la nueva Lei do Solo sin la enmienda a su artículo 144 que permitiría desbloquear proyectos clave para Vigo perjudicados por la anulación del PXOM de 2008, como la estación de AVE, la Ciudad de la Justicia o la ampliación de la factoría PSA. Alternativa Galega de Esquerda (AGE) mantuvo su veto hasta el final e impidió que ese cambio normativo se sometiese a debate y votación.
"Es un instrumento que elude la participación pública y genera inseguridad jurídica", argumentó Antón Sánchez, viceportavoz de AGE, en respuesta al ofrecimiento in extremis del diputado del PP Jaime Castiñeira, quien poco antes le había pedido a Alternativa que se replantease su postura. "Decimos que no", zanjó rotundo Sánchez. El conjunto de la Lei do Solo se aprobó con el respaldo de la mayoría absoluta del PP y el rechazo en bloque de los grupos de la oposición. PSOE, BNG, AGE y Grupo Mixto criticaron que la nueva normativa supone un "retroceso", ya que "desprotege" el medio rural y "no cumple" los objetivos con las que se impulsó. Por esa razón avanzaron que -de producirse un cambio de gobierno al frente de San Caetano- la "derogarán" y sustituirán por otra.
El bloqueo de AGE obliga a la Xunta a activar su "plan B" para desatascar proyectos estratégicos para Vigo. A lo largo de las últimas semanas, previendo ya el veto de Alternativa a la enmienda de la Lei do Solo, el Gobierno gallego avanzó que valoraba otra vía, que pasaría -según se detalló entonces- por llevar a la Cámara este mes o a inicios de marzo una modificación puntual por la vía de urgencia del artículo 144.
Durante una visita el viernes a la factoría PSA, el presidente Alberto Núñez Feijóo aclaró no obstante que la opción que maneja la Xunta es una "ley excepcional para un caso excepcional", con un proyecto de ley de lectura única y con un único artículo. Según concretó entonces Feijóo, esta medida se demoraría un máximo de seis meses -frente a los 24 o 36 meses de un proyecto sectorial- y permitiría sacar adelante obras pendientes en el polígono de Balaídos. El responsable de la Xunta matizó que la fórmula solo se aplicará para iniciativas públicas en suelo público, por lo que también serviría para la Ciudad de la Justicia o la estación. San Caetano insistía esta misma semana, no obstante, en que la vía "óptima" era el cambio en la Lei do Solo que AGE acaba de vetar.
Aunque el pleno de ayer tenía como objetivo aprobar la normativa en su conjunto y durante la sesión se trató la protección del rural o el medio ambiente, la situación de Vigo tuvo un peso clave en el debate. Alternativa criticó que la anulación del PXOM de Vigo se usa como "excusa" para "abrir la puerta al urbanismo salvaje". "Están embarcados en una operación vergonzosa", concluyó Sánchez. Según censuró el diputado, se está realizando una "campaña publicitaria" sobre la postura de AGE y su impacto sobre PSA, cuando "esto poco tiene que ver con la protección de Citroën y sus trabajadores".
Jaime Castiñeira, del PP, negó la acusación de AGE y alegó que la enmienda solo se aplicaría en circunstancias "de urgencia o excepcional interés público" y podría beneficiar además a otros municipios de Galicia que afrontasen una situación similar a la de Vigo. El diputado popular acusó a AGE de optar "por la imposición en vez de por el diálogo entre administraciones" y defendió las ventajas de la enmienda.
Según argumentó, el cambio del artículo 144 contempla "la participación de los ayuntamientos con un informe vinculante sobre el proyecto a desenvolver". Una circunstancia que -aclaró Castiñeira- no se da en la alternativa que propone AGE: aplicar el artículo 198 de la actual ley gallega del suelo, de 2002, o el trámite de incidencia supramunicipal. "La propuesta del PP es más participativa, amplia y actualizada; consideramos que los ayuntamientos deben tener voz en proyectos de urgencia o excepcional interés público", zanjó Castiñeira antes de resaltar el ahorro de tiempos que permitiría la enmienda.
Desde la bancada socialista Xosé Sánchez Bugallo censuró la "falta de previsión" e "improvisación"de la Xunta, al no contemplar en la Lei do Solo una circunstancia como la que que Vigo atraviesa ahora. El diputado de PSdeG vaticinó que la nueva ley marcará un "récord" al modificarse para resolver el problema de Vigo, una circunstancia que "ni se habría planteado" -aseguró- con las anteriores normas. Bugallo recordó que el PXOM de 2008 pasó por gobiernos del BNG, PP y PSOE y que "el único cambio" que introdujo el equipo de Caballero fue incorporar un 30% de suelo para vivienda de protección oficial.
Ana Pontón, del BNG, lamentó que el PP "consolida un urbanismo desastroso" y "sin seguridad jurídica" y enfatizó que la legislación ya contempla fórmulas que permiten solucionar la situación del urbanismo vigués tras la anulación de su Plan Xeral o la de otros municipios que afronten un problema similar.
"¿Por qué vetó el PP esa posibilidad? Esta enmienda crea más inseguridad jurídica", censuró Pontón, quien asegura que el hecho de que la nueva norma "no sirva" para desbloquear los proyectos claves en Vigo es la "evidencia" de que la Lei do Solo "nace muerta y fracasada". La diputada del Grupo Mixto, Consuelo Martínez, reconoció que la idea planteada por el BNG era "una buena solución" y criticó que el PP "solo quiere el cheque en blanco".
Apoyo a la normativa
Durante el debate el PP reivindicó la negociación que precedió a la ley, que incorporó durante su tramitación 79 enmiendas de las que 45 procedían de la partidos de la oposición. Castiñeira insistió además en que para el desarrollo de la norma contó con "el apoyo de muchos colectivos que hicieron aportaciones". Durante la sesión de ayer, no obstante, el PP tumbó las diferentes enmiendas de la oposición y sacó adelante la norma en solitario. Los populares recuerdan que el 73% del territorio gallego carece de plan adaptado a la normativa vigente o PXOM y defienden que la nueva norma ofrece más autonomía municipal -sus licencias pasan de cuatro a 14- y "pondrá remedio a las edificaciones fuera de ordenación". Ya por la tarde la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, avanzaba que la normativa puede entrar en vigor en marzo.
Los grupos de la oposición critican no obstante la "desprotección" del medio ambiente y el rural y la falta de "análisis" sobre los errores urbanísticos cometidos en el pasado. "Esta ley va a ser efímera", comentó Martínez, quien, al igual que el resto de partidos opositores, anticiparon que la tumbarán si llegan a San Caetano. "Supone un severo retroceso y no resuelve ningún problema", abundó Sánchez Bugallo. El viceportavoz de AGE lamentó además que la norma "no tiene en cuenta" las 300.000 viviendas que, asegura, permanecían vacías en Galicia en 2011. Durante el pleno se criticó también la prórroga de Ence en la ría de Pontevedra, "un atraco y una vergüenza", según el Grupo Mixto, que lo tildó de "delito medioambiental".
