El estudio que el Concello encargó a la Universidad de Vigo sobre la tarifa del agua concluye que sí es posible eliminar el tramo mínimo de la tarifa del agua, pero rechaza cambiarlo a cobro por consumo real, ya que entiende que "las más perjudicadas" serían las familias residentes de una primera vivienda en beneficio de los propietarios de casas vacías y segundas residencias. Propone reducir el mínimo un tercio -de 15 a 10 metros cúbicos al mes- o eliminarlo y subir la tarifa fija para compensarlo.
La tarifa del agua incluye un consumo mínimo de 30 metros cúbicos bimensuales. El análisis sobre este aspecto es uno de los principales objetivos del informe, cuyo encargo se acordó en el pacto de presupuestos de 2014 entre el PSOE y el PP, para valorar la demanda popular de retirarlo. El estudio, realizado por tres miembros del grupo de investigación de Empresa Internacional y Valoración de Activos de la Universidad, especifica que estos 15 metros cúbicos al mes se corresponden con el estándar de una vivienda viguesa de tres o cuatro ocupantes y con lo que la Organización de Consumidores y Usuarios considera el gasto medio anual de agua de una familia media. El 90% de los hogares -129.662 usuarios- y el 80% de la industria -15.585- lo igualan o se quedan por debajo.
Lo primero que aclaran los autores del informe es que "el consumo mínimo exento es un concepto equívoco". Insisten en que "se da a entender" que solo se paga por estos 15 metros cúbicos al mes, se utilicen o no, "cuando realmente lo que se está financiando son los costes fijos de la prestación del servicio". Por tanto, defiende que si se opta por eliminación de ese mínimo hay que buscar otras fórmulas para costearlos y mantener el importe total del cobro de la concesionaria. "La supresión del mínimo no implica un abaratamiento del servicio, sino la necesidad de reasignar el coste", exponen. Reconocen que mantenerlo fomenta que haya personas que gasten agua despreocupadamente, pero rechaza el pago por consumo real al entender que los más beneficiados serían los propietarios de viviendas vacías y segundas residencias -en torno al 18% de los usuarios-, a costa del encarecimiento del recibo de las familias con un hogar.
¿Qué proponen entonces? Mantenerlo, pero reduciéndolo en un tercio a 10 metros cúbicos al mes, lo que beneficiaría a alrededor de un 75% de los hogares, los que menos consumen, mientras que el resto "verían aumentadas las tarifas en importes elevados" (hasta un 28,74%). Si se opta por eliminarlo, apuestan por redistribuir la carga de los costes fijos a todos los usuarios subiendo la tarifa fija -que hoy es de 7,20 euros-. Estudian los resultados de repercutir en ella el 85%, el 90% o el 95% de lo que actualmente se cobra a través del mínimo. Concluyen que es este último el que más reduce los efectos de la supresión del mínimo y ofrece un reparto "más homogéneo".
Otra de las cuestiones que analiza es el problema de los edificios con agua caliente comunitaria. La tarificación se hace en conjunto, por lo que siempre están entre los tramos de consumo más elevados, los más penalizados, aunque cada hogar gaste poco. Corregirlo supondría un 2% más en el precio del servicio al conjunto de los consumidores. También se analiza la posibilidad de dividir el cobro en abastecimiento y saneamiento, ya que un 2% de los usuarios tienen suministro propio a través de pozos. No tendría "efectos significativos" en el recibo.
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El futuro, tributar por persona
- De cara al futuro y pensando más bien en el momento en el que vuelva a salir a concesión el servicio -está prorrogado hasta 2020-, el estudio de la Universidad propone cambios de mayor calado en la tarificación, echando mano de las nuevas tecnologías y siempre que se pudiera garantizar un control de residencia efectiva de las persona. Así señalan que empieza a surgir la tendencia de sustituir el pago por vivienda y hacerlo por número de personas que ocupan el hogar, para ajustarse más a la realidad. Con ello se evitaría, por ejemplo, la penalización a las familias numerosas, que se sitúan en un tramo de consumo alto. También entienden que se podría dar un trato diferenciado a casas ocupadas y vacías, para redistribución de los costes de la infraestructura. Sostienen que, con información sobre el nivel de renta declarada o la situación laboral de los residentes, se podrían introducir bonificaciones a determinados colectivos.
