El juicio por el presunto alzamiento de bienes del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) se suspendió hoy en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. La Fiscalía acusa a cuatro personas, José O.R.M., Mariano J.A., Francisco J.A. y Enrique F.T.H., para los que pide una condena de 3 años de cárcel y el pago de multa de 20 meses a razón de 25 euros diarios. Hay un quinto acusado al que acusa la acusación particular. La vista se iba a celebrar hoy 20 años después de los hechos, pero se aplazó hasta mayo.
La suspensión se debió a la incomparecencia del empresario valenciano Enrique Fidel Tatay, quien fue presidente de GEA en los años noventa, sobre el que ya pesan dos ordenes de búsqueda y captura por dos juzgados de Valencia. En la actualidad, se encuentra prófugo. La Audiencia viguesa también emitió requisitoria.
El que fuera presidente de la asociación de afectados por la recalificación de los terrenos de GEA, y actual portavoz de este colectivo, Ricardo Domínguez, mostraba su esperanza de que el "sufrimiento" por el que pasaron los trabajadores lo pague "por fin" alguien. "Después de 20 años se celebra un juicio que debería haberse celebrado antes", afirmó momentos antes de suspenderse la vista este hombre, que recordó que en el banquillo de los acusados no estarán sentados "todos los que hicieron daño a GEA".
