El grupo parlamentario AGE vetó ayer la inclusión en la Lei do Solo de un cambio propuesto por el PP y apoyado por todos los demás partidos que permitiría salvar proyectos urbanísticos estratégicos de Vigo, como la ampliación del polígono de Balaídos o la construcción del complejo de Thom Mayne en lo que será la estación intermodal del AVE y de la Ciudad de la Justicia, que han quedado bloqueados como consecuencia de la anulación por sentencia judicial del PXOM. Ante la "intransigencia" de AGE, el PP anunció que en colaboración con la Xunta tendrán que buscar ahora otras vías alternativas para intentar sortear la invalidación del plan general de urbanismo.
Aunque inicialmente el Bloque se mostraba también reacio a apoyar la propuesta de los populares, finalmente la respaldó. El PSOE y el Grupo Mixto estaban también a favor, pero la fase en que se encuentra la tramitación parlamentaria de la reforma de la Lei do Solo exige un acuerdo unánime para incluir ahora cualquier novedad, por lo que un único veto es suficiente para bloquear los cambios. Y ese voto negativo lo puso AGE, argumentando que la fórmula planteada creaba inseguridad jurídica y podría generar nuevos problemas urbanísticos en el futuro.
La vía defendida por el PP y la Xunta pasaba por modificar el artículo 144 de la nueva Lei do Solo para autorizar a las administraciones públicas a tramitar actuaciones de interés general, excepcionales y urgentes aunque sean disconformes con el planeamiento urbanístico, siempre que estuvieran de acuerdo los concellos involucrados. De esta forma, se pretendía, en el caso de Vigo, poder continuar con el desarrollo de proyectos clave que la anulación del PXOM ha dejado en el aire.
Dado que el periodo de presentación de enmiendas a la Lei do Solo concluyó antes de que se conociera la invalidación del PXOM, para encontrar acomodo ahora, en fase de ponencia, lo que tenían que hacer los grupos parlamentarios era admitir sin más a trámite la propuesta, pero es un paso que había que dar por unanimidad por exigencia jurídica. Una vez aceptada, el contenido se podía modificar y para su aprobación definitiva basta con que se ratificara por mayoría absoluta -no hace falta el consenso- en el pleno final de la Lei do Solo. Así que un grupo de la oposición podía apoyar la fórmula en la ponencia con el único motivo de desatascar los proyectos clave de Vigo, pero luego votar en contra o abstenerse sin que eso repercutiese ya en el resultado final.
Esta ruta la apoyaron todos los grupos parlamentarios. El PSOE, que había presentado tres enmiendas de corrección a la propuesta del PP, estaba dispuesto incluso a votar en el pleno a favor aunque los populares no atendiesen ninguna de sus enmiendas. Y el BNG, que tenía otra fórmula alternativa en mano, tampoco iba poner trabas.
El bloqueo llegó por AGE, que primero quería elaborar el contenido de la propuesta y luego decidir si se admitía o no en la ponencia, lo que para los demás partidos suponía dilatar el proceso con la incertidumbre además de no conocer el resultado final. Y también puso tres condiciones "indispensables": someter a la aprobación del pleno municipal los proyectos a desarrollar, abrir un periodo de información pública de un mes y obligar a superar una evaluación de impacto ambiental completa.
Estas exigencias resultaron inasumibles para el PP porque entiende que someter los proyectos urbanísticos a una evaluación medioambiental supondría dilatar el proceso unos dos años, por lo que se invalida la solución de urgencia. También considera que la exposición pública es excesiva y obligar al pleno a votar "atenta contra la autonomía municipal", por lo que califica de "intransigencia" la postura de AGE.
Aunque el acuerdo aún es posible, siempre supeditado a que AGE cambie de opinión y acepte la propuesta del PP -habría de tiempo hasta que se apruebe la Lei do Solo-, los populares se han puesto a la tarea de buscar otras fórmulas alternativas. Una de ellas podría ser promover una reforma exprés de la Lei do Solo nada más se ratifique el nuevo texto en el pleno parlamentario.
