La estación intermodal, la Ciudad de la Justicia y la ampliación del polígono industrial de Balaídos, bloqueados tras la anulación del Plan Xeral, se juegan hoy su futuro en una votación clave en la ponencia sobre la nueva Lei do Solo. Los dos partidos mayoritarios en el Parlamento gallego, PP y PSdeG, apoyan la fórmula elegida por la Xunta para desatascarlos a través de un cambio en el artículo 144 del texto -los socialistas con dos precisiones que plantearán en la reunión-, pero es necesario el acuerdo de todos los grupos de la Cámara para introducir la enmienda, y tanto AGE, ya desde el lunes, como el BNG, ayer, se han pronunciado públicamente en contra. Conscientes de ello, el Gobierno gallego y el PSdeG llamaron a las dos formaciones a la "responsabilidad" ante el riesgo de que se paralicen durante años dos infraestructuras clave, y PSA-Citroën opte por otras localizaciones para sus inversiones futuras.
"Ampararse en el no por el no sería una irresponsabilidad. Hablamos de que dejen presentar una enmienda, luego se debatirá y cada uno se pronunciará sobre la ley", explicó la conselleira de Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, para subrayar la "enorme importancia para Vigo" de los proyectos paralizados tras declarar el Tribunal Supremo "radicalmente nulo" el Plan Xeral.
La fórmula de la Xunta pasa por modificar el artículo 144 de la nueva Lei do Solo para autorizar a las administraciones públicas a tramitar actuaciones de interés general, excepcionales y urgentes aunque sean disconformes con el planeamiento urbanístico, siempre de acuerdo con los concellos. "El gobierno de la Xunta está en disposición de resolver los problemas de forma ágil y jurídicamente segura", agregó la conselleira.
Aunque Vigo es la prioridad del Gobierno autonómico para cambiar la nueva ley, el mecanismo podría aplicarse a cualquier municipio de Galicia. A la Xunta no se le escapa que existen otros 48 ayuntamientos con planes generales que carecen de evaluación ambiental estratégica, el motivo por el que el Supremo anuló el PXOM vigués, de ahí que también haya buscado esta salida de manera preventiva por si se producen nuevos fallos judiciales en el mismo sentido.
Abel Losada, parlamentario del PSdeG, se mostró ayer "enormemente preocupado por la actitud de ciertos grupos políticos cuando se están buscando soluciones dentro de la legalidad, transparentes y abriéndose a la participación ciudadana". AGE hizo hincapié en su rechazo a la fórmula en el hecho de que la tramitación no incluye un periodo de exposición pública, lo que impide presentar alegaciones. La formación considera el cambio un "caballo de Troya, porque permite a la Xunta saltarse los planeamientos municipales y actuar discrecionalmente".
El PSdeG presentará una enmienda hoy en la dirección de lo que pide AGE. Los socialistas plantearán que el procedimiento, que permitiría desbloquear los proyectos clave de Vigo en un plazo de entre seis y ocho meses, incorpore un periodo de exposición pública. "Pido que permitan el debate. No puede ser que se intente paralizar la actividad económica del principal sector económico de la ciudad", advirtió Losada. El diputado asegura que la fórmula es "legal y transparente, y reduciría el impacto de la anulación del Plan Xeral".
El otro punto que solicitará incluir el PSdeG consiste en plasmar que las administraciones promotoras de cada proyecto paguen la expropiación del suelo necesario, de modo que no recaiga el coste siempre sobre los concellos. En Vigo la cuestión tiene especial incidencia en la estación intermodal -promovida por la Xunta- para el caso de que fuese imprescindible obtener más terrenos. En la Ciudad de la Justicia el Concello ya los expropió, mientras que los de Balaídos serán pagados por Zona Franca.
Negativa del Bloque
Si la oposición de AGE ya frenaría de por sí el cambio en la Lei do Solo, la posibilidad de aprobarlo se complicó ayer al hacer pública su posición el Bloque, rotundamente en contra tanto de la modificación como de la propia ley.
La diputada Ana Pontón, miembro de la ponencia, pidió al PP que paralice el trámite íntegro al sostener la formación que la Lei do Solo "desprotege el territorio, empeora la actual, resucita la liberalización de suelo y acrecienta la inseguridad jurídica".
Sobre la fórmula para desbloquear los proyectos de Vigo, Pontón sostiene que "no representa un punto de partida válido". A la carencia de periodo de exposición pública el BNG une dos motivos para justificar su posición. "Provoca inseguridad jurídica y no prevé una evaluación ambiental estratégica", indicó su representante en la ponencia. En opinión del Bloque, el PP "pretende habilitar a las administraciones para actuar fuera de lo marcado en los planes generales", y sostiene que hay otros instrumentos para resolver la situación.
"Si hay un problema concreto como el de Vigo hagamos habilitaciones específicas y que el PP no utilice la excusa de la paralización para conceder carta blanca a la administración para legalizar irregularidades y promover un urbanismo salvaje", apostilló Pontón.
Financiación del PXOM
Por otra parte, la conselleira de Ordenación do Territorio se refirió a la petición unánime del pleno de Vigo para que la Xunta financie el nuevo Plan Xeral. "Es una situación excepcional, porque la Xunta ya aportó fondos para el PXOM que han anulado los tribunales", indicó, en referencia a que para el planeamiento de 2008 hizo un desembolso de 600.000 euros, la mitad de lo que costó. Con todo, se mostró dispuesta a estudiarlo. "No estamos cerrados a ayudar económicamente con hasta el 50% de la inversión", comentó Mato, quien propuso que la Diputación también contribuya. Fuentes de este último organismo lo descartaron. "No tenemos competencias sobre la ordenación del territorio", apuntan.
