La causa judicial abierta como consecuencia de la macrorredada de la Operación Cuarzo va adelgazando poco a poco. La operación desarrollada en octubre de 2014 contra la venta de ropa falsificada tuvo un balance inicial de 65 comerciantes investigados. Pero esta cifra ha bajado significativamente, ya que en los últimos cinco meses el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha archivado la causa contra al menos 24 de estos autónomos. Los últimos siete sobreseimientos fueron comunicados en un auto judicial con fecha de este mismo martes: si en la mayoría de los anteriores supuestos el motivo de la exculpación fue que no apareció "debidamente justificada" la perpetración del delito, en los casos notificados esta semana el motivo ha sido que la tasación pericial encargada por el tribunal arroja que el beneficio económico que se habría obtenido de las prendas incautadas en estos locales no llegaría a 400 euros, por lo que la presunta infracción penal se reduciría a una falta, que, y aquí está la clave del archivo, ya prescribió.

Un año y tres meses después del operativo que supuso el cierre del popular mercado vigués la investigación judicial -que lleva el Juzgado de Instrucción número 3 aunque para este caso concreto con la juez del 6 al frente- continúa. La causa ya suma 50 tomos y más de 11.000 folios. Desde que en septiembre en un primer auto judicial se archivase la causa contra diez comerciantes, en los meses posteriores hubo un goteo de sobreseimientos a los que este martes se sumaron los casos de siete autónomos más. De momento, hay un mínimo de 24 exculpados, aunque recientemente se citó a al menos cinco personas más por su presunta implicación en los hechos, por lo que la cifra de investigados, pese al notable descenso, todavía es elevada, ya que rondarían los 46.

El auto de archivo de este martes afecta a los titulares de dos puestos del mercado y asimismo a los titulares y encargados de dos bazares del entorno. "Se ha recibido en este juzgado los informes de valoración emitidos por Taxo [empresa que realiza peritaciones judiciales] respecto al beneficio económico que podría obtenerse", se señala en el documento con respecto a los responsables de los dos puestos y los dos bazares referidos. Y lo que se concluye es que en estos casos el beneficio sería "inferior a 400 euros". "En aplicación de lo expuesto", se agrega, la infracción penal que se imputaría a estos investigados "debe ser calificada como falta". Y dado que ya transcurrieron más desde seis meses desde la presunta comisión de los hechos "imputables" a estas personas, y en aplicación del Código Penal vigente en esa fecha, "deberán declararse prescritas las faltas imputadas y procede acordar el archivo de la presente causa". El auto no es firme y cabe recurso, si bien abogados de las marcas consultados, personados como acusación particular en el proceso, eludieron pronunciarse sobre si apelarán la decisión judicial.

Mientras siguen llegando al juzgado los informes periciales de las prendas incautadas y los de carácter económico emitidos por la Agencia Tributaria, continúan también los interrogatorios a los investigados. Ayer comparecieron seis. Al menos varios de ellos fueron citados precisamente a raíz de recibirse informes de Hacienda sobre gastos e ingresos. Cuatro de estos comerciantes, como ha venido siendo la tónica habitual, se acogieron a su derecho a no declarar y guardaron silencio ante la magistrada. Sólo hablaron dos. Uno de ellos, titular de un puesto de A Pedra, alegó que compraba ropa que tenía "taras", de ahí que fuese más económica, y que siempre creyó que eran prendas auténticas.

Los delitos por los que se abrió el caso fueron, entre otros, contra la propiedad industrial y supuesto blanqueo de capitales.