Un día después de que el portavoz de Marea en Vigo, Rubén Pérez, advirtiese en el pleno municipal de que su formación estaba en contra de una reforma de la Lei do Solo que permitiría desbloquear proyectos estratégicos de la ciudad, Juan Fajardo, diputado autonómico de AGE, formación de la que también es miembro Pérez en su calidad de militante de Esquerda Unida, dio fue un paso más allá y no dudó en calificar de "un nuevo atraco del Concello de Vigo" la posibilidad de cambiar la norma.
La reforma de la futura ley planteada hace unos días por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, consistiría en cambiar un artículo para permitir a la Xunta la autorización de actuaciones urbanísticas de ámbito e interés supramunicipales en aquellos concellos en los que no se lo permitiese su propio plan urbanístico. Es el caso de Vigo, en donde la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan Xeral aprobado en 2008 dejaba en suspenso proyectos clave y urgentes para el desarrollo de la ciudad, como la estación del AVE e intermodal, la ampliación de polígono de Balaídos para habilitar infraestructuras para PSA-Citroën y la Ciudad de la Justicia. Esta reforma legal, recogida con "satisfacción" por el alcalde Abel Caballero, sería más "ágil" y tendría mayor "seguridad juridica" que cualquier otro mecanismo.
Sin embargo, el cambio en la norma exigiría la unanimidad de todos los grupos del Parlamento gallego. Partido Popular y PSOE han adelantado su disposición pero AGE ha mostrado desde un primer momento su rechazo. Fajardo, además de diputado concejal en Vilagarcía, fue ayer el último en hacerlo y en términos gruesos. "No estamos a favor de que por la vía de atrás se hagan cuestiones que pueden ser un riesgo en el futuro". En contrapartida, defendió "la vía del debate, que la ciudadanía opine".
Por su parte, el diputado del PP Javier Dorado advirtió a AGE que un bloqueo de la tramitación de la enmienda tendría "gravísimas consecuencias". "El PP les pide que reflexionen. Habría proyectos importantes que se paralizarían durante años", aseguró.
Dorado desestimó los argumentos de AGE y enfatizó que los proyectos a los que afectaría la modificación "ya han sido expuestos" públicamente porque estaban en el Plan Xeral de 2008 e insistió en que la solución es "plenamente legal y genera seguridad jurídica".
