Los tres partidos de la Corporación volvieron a votar ayer unidos en el pleno en relación al nuevo Plan Xeral a pesar de sus reproches mutuos y fuertes discrepancias de fondo, manifestadas una vez más durante el debate. PP y Marea dieron su apoyo a una propuesta del PSOE para solicitar a la Xunta que financie la redacción del PXOM llamado a sustituir al que ha anulado el Tribunal Supremo por la falta de evaluación ambiental estratégica. Los socialistas llevaban otra moción para reclamar al Gobierno gallego que tramitase como supramunicipales los proyectos clave de Vigo -estación del AVE e intermodal, Ciudad de la Justicia y ampliación del polígono de Balaídos-, pero la retiraron tras el acuerdo alcanzado en Madrid el lunes entre el alcalde, la ministra de Fomento y la conselleira Ethel Vázquez para desbloquear estas infraestructuras a través de un cambio en la Lei do Solo.

La votación fue el único punto en el que estuvieron de acuerdo los tres grupos. La concejala de Urbanismo, María José Caride, incidió en que la sentencia del Supremo obedece a una deficiencia en la tramitación ambiental de la administración autonómica, de ahí que, según explicó, resulte aún más justificado que la Xunta financie el nuevo PXOM. La colaboración entre ambas administraciones, añadió, es "imprescindible", y celebró el acuerdo para desatascar los proyectos estratégicos a través de la modificación de la Lei do Solo, después de rechazar la Xunta la vía de la declaración supramunicipal con la que el Concello quería impulsarlos.

La portavoz del PP, Elena Muñoz, recriminó a la edil socialista que insista en culpar a la Xunta cuando Caride fue la conselleira de Política Territorial "que aprobó el 98,5% del Plan", en el gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño. "Debería sonrojarse. No solo no se disculpa sino que lo sigue repitiendo", le afeó. Además, sostuvo que al plantear la supramunicipalidad el gobierno local "quiso pasarle la patata caliente a otra administración". La concejala de Urbanismo replicó que los populares pretendieron desde que se conoció la sentencia sacar rédito político. "Intentaron reiteradamente boicotear los proyectos clave al rechazar la supramunicipalidad, y cuando vieron lo que se les venía encima decidieron introducir las modificaciones en la ley".

Este cambio permite tramitar proyectos de carácter "excepcional y urgente" aunque sean contrarios a los planeamientos municipales y siempre y cuando exista acuerdo con los Concellos. Según la edil, el motivo de fondo que ha llevado a la Xunta a cambiar la futura norma es el riesgo de que caigan nuevas sentencias sobre otros planeamientos gallegos, ya que 48 carecen de la evaluación ambiental estratégica. "Tomaron conciencia porque se pueden convertir en papel mojado", sostuvo Caride.

En lo que compete a la tarea municipal de tramitar el Plan Xeral, la edil defendió que el gobierno local "trabaja intensamente" en la redacción del planeamiento para "cubrir las necesidades presentes y futuras". El mes pasado los tres grupos votaron a favor también en el pleno de iniciar la elaboración del PXOM, si bien mantienen serias diferencias sobre cómo debe ser el futuro documento. El gobierno local quiere mantener el modelo de 2008 con correcciones; el PP advierte de que "no sirve un corta y pega", admitiendo el modelo pero reclamando un estudio a fondo para actualizarlo; y Marea demanda un nuevo Plan íntegro al considerar "absolutamente superado" el anulado por el Supremo.

La moción aprobada ayer por unanimidad acuerda la firma de un convenio de colaboración con la Xunta por el que esta última administración se comprometería a financiar los costes de redacción del nuevo Plan Xeral de Vigo, que sustituiría al de 1993, ahora vigente. De momento se están encargando los técnicos de planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero el gobierno local no descarta que sea necesario contratar equipos externos en fases posteriores, lo que supone costes añadidos. La Xunta ya cofinanció el PXOM de 2008, al igual que en las demás ciudades gallegas, mediante la firma de convenios.

Advertencia de Marea

Por su parte, Rubén Pérez, portavoz de Marea, consideró "lógico" que la Xunta financie la redacción del Plan, pero lanzó una advertencia en relación al cambio previsto en la Lei do Solo en la misma línea que el día anterior hizo el viceportavoz parlamentario de AGE, Antón Sánchez. El edil señaló que AGE -grupo del que forma parte Esquerda Unida, fuerza política de la que Pérez es secretario de organización- votará en la Cámara en contra de introducir la enmienda si la tramitación de los proyectos urgentes y excepcionales a los que abre la puerta la modificación legal no incluye una exposición pública para permitir alegaciones ciudadanas. Como ejemplo puso la ampliación del polígono de Balaídos. "Los vecinos de Matamá [afectados por la actuación] tienen la legitimidad para defender sus derechos", indicó. Pérez sostiene que la medida puede ser "un caballo de Troya" y entrañar una "discrecionalidad" de cambios en planes urbanísticos cuando la Xunta lo considere sin que los ciudadanos puedan presentar enmiendas.

Caride lanzó al portavoz de Marea un aviso a navegantes ante el riesgo de que la vía quede bloqueada si AGE no la acepta, ya que en este momento de la tramitación de la Lei do Solo es necesario el voto favorable unánime de los grupos parlamentarios. "Espero que todos seamos responsables. hay situaciones de extrema gravedad y nos jugamos mucho", enfatizó la edil.