La Consellería de Ordenación do Territorio quiere desbloquear los proyectos estratégicos de Vigo paralizados por la anulación del Plan Xeral a través de la modificación de la Lei do Solo, que está en la fase final de su tramitación en el Parlamento gallego. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que la fórmula elegida tras el examen técnico y jurídico pasa por cambiar el artículo 144, relativo a las actuaciones promovidas por administraciones públicas, admitiendo las "urgentes y de interés general" que sean contrarias a los planeamientos municipales, siempre y cuando haya acuerdo con los ayuntamientos. Esta vía, explicó, permitiría desatascar con celeridad la ampliación de la planta de PSA, la estación intermodal y la Ciudad de la Justicia.

"Creemos que es la mejor solución porque se blinda legalmente y ofrece más agilidad. Hablamos de plazos de seis a ocho meses", apuntó Feijóo al término del consello de la Xunta, órgano al que el departamento de Ordenación do Territorio elevó su propuesta. El periodo de enmiendas a la ley ha concluido, pero el reglamento del Parlamento permite presentar alegaciones in voce. Para incorporar el cambio es necesario, según señalaron fuentes de la consellería, el voto favorable de los demás grupos de la Cámara, si bien no implica que estos tengan que apoyar el texto final de la ley, cuya aprobación en todo caso está asegurada al tener el PP mayoría absoluta. La previsión es que la nueva norma esté en vigor en febrero.

"Ante la urgencia de varias actuaciones urbanísticas promovidas por administraciones públicas, evaluamos posibles alternativas para salvaguardar proyectos de interés general y urgente. La propuesta se realiza tras rigurosos análisis por parte de técnicos de urbanismo, asesoría jurídica y reuniones con representantes del gobierno local y sectores sociales y económicos de la ciudad", añadió Feijóo.

La sede judicial es una infraestructura de la Xunta de Galicia, mientras que la estación intermodal tiene una parte de la Administración autonómica (la terminal de buses) y otra del Ministerio de Fomento (el edificio diseñado por Thom Mayne). En cuanto a la ampliación de Balaídos, aunque la urgencia viene dada por los planes de la planta de Citroën, el promotor del polígono es otra administración pública, en este caso Zona Franca. "Estamos ante un riesgo evidente de deslocalización de inversión de PSA" , comentó Núñez Feijóo. La fórmula a introducir en la Lei do Solo no tendrá aplicación para proyectos de iniciativa privada.

Sin vía supramunicipal

El Concello reclamó a la consellería en su primera reunión técnica tras la sentencia que anuló el Plan Xeral que desbloquease los proyectos clave declarándolos de incidencia supramunicipal. Este instrumento permite que la Xunta asuma la ordenación, quedando al margen del planeamiento municipal. El departamento de Ordenación do Territorio lo rechazó al asegurar que requiere el mismo tiempo que aprobar un PXOM nuevo y además presenta dudas jurídicas.

Feijóo afirmó ayer que un plan sectorial supramunicipal "puede tardar de 15 a 24 meses", y citó como ejemplo el del nuevo hospital de Vigo, cuya tramitación requirió de 27 meses. "Proyectos de 15, 20 o 27 supone paralizar la ciudad durante años y Vigo no puede esperar ese tiempo para tener una estación intermodal o un edificio judicial", comentó.

El presidente de la Xunta citó estos tres proyectos, sin descartar que puedan entrar más siempre que sean iniciativas de la Administración y cumplan los requisitos de urgencia y excepcionalidad. Concello y Zona Franca han planteado también la necesidad de desbloquear la ampliación del Parque Tecnolóxico e Loxístico, para el que el Consorcio ya ha comprado suelo y tiene demanda de empresas.

El PXOM olívico cayó por carecer de evaluación ambiental estratégica y previamente el Supremo había tumbado el de Teo por la misma causa. Los planes de otros 46 concellos gallegos aprobados en los últimos diez años carecen de ese trámite, con lo que existe riesgo de nuevas sentencias. La fórmula elegida por la Xunta se haría extensible a todos los ayuntamientos si se dieran más casos de planeamientos tumbados por sentencias. "Ofrece una solución para toda Galicia", indicó Feijóo, quien espera que los demás grupos apoyen el cambio. "Propongo un pacto por el urbanismo en Vigo. Supongo que todos están de acuerdo en hacer una estación intermodal, Ciudad de la Justicia o en que Citroën pueda seguir trabajando con sus nuevas furgonetas", agregó. En todo caso apostilló que la solución definitiva al problema del urbanismo de Vigo pasa por un nuevo Plan Xeral, para cuya tramitación con celeridad reiteró la colaboración de la Xunta.