- En los últimos años hubo avances en los juzgados con las videoconferencias, el sistema de grabación de vistas eFidelius o Lexnet, ¿cómo se está a día de hoy en materia tecnológica? ¿qué es lo que queda por hacer?

-La revolución tecnológica todavía no ha llegado a los juzgados. Queda mucho por hacer, pero es necesario destacar que hay bastantes diferencias según territorios. Galicia está a la cabeza en implantación de medios materiales, telemáticos y nuevas tecnologías en España, y el camino recorrido hacia el expediente digital se ve más diáfano. En materia de nuevas tecnologías soy partidario de que hay que lanzarse y ser un poco osados para conseguir su plena implantación, siempre con la absoluta garantía de la salvaguarda del derecho de defensa en los casos en los que la herramienta falle, y que desde luego desde el decanato vamos a garantizar.

- En las recientes jornadas de jueces decanos de Vigo fueron críticos con el modo en que se plantea la gestión digital de los expedientes. De hecho, se exigió una "moratoria" en la implantación de la digitalización plena hasta solucionarse las "deficiencias"...

- La exigencia de esa moratoria fue largamente discutida en las jornadas, pues, como ya dije, las diferencias territoriales en esta materia imponen visiones diferentes. Entiendo que en las comunidades donde no hay ni medios ni instrumentos adecuados para iniciar correctamente la presentación telemática de escritos debe demorarse la exigencia legal de implantación y por eso se adoptó este acuerdo. Pero este no es el caso de Galicia .

- Las nuevas tecnologías forman parte del día a día, ¿han tardado demasiado los juzgados en dar el salto a esta modernización?

- Los tribunales de justicia siempre hemos sido la hermana pobre en cuanto a inversión y en este tema no va a ser menos. En un país como el nuestro en donde el funcionamiento de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social es técnicamente impecable, en donde las infraestructuras son de vanguardia y el estado de bienestar está plenamente asentado, es evidente que la inversión en justicia no fue a la par, cuando debió ser la primera al ser uno de los tres poderes del Estado. Por eso se necesita un gran pacto o acuerdo por la Justicia.