Paro en Vigo por el "colapso" y falta de medios en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Los funcionarios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo han llevado a cabo hoy un paro tres horas para denunciar la situación de "colapso" que padecen y demandar más medios físicos y materiales, una movilización que repetirán en las jornadas de los días 16, 18, 21 y 23 de este mes.

Aseguran que la coyuntura "insostenible" con la que trabajan deriva en la suspensión de juicios y retrasa la toma de medidas provisionalísimas, entre otras cuestiones. El comité de huelga mantuvo en los últimos días una reunión con la Dirección General de Justicia donde se fijaron unos servicios mínimos del 25% por los cuales dos de los ocho trabajadores del juzgado se mantendrán en su puesto durante las horas de paro, un gestor o tramitador y un auxilio judicial.

El portavoz del comité de huelga, Pablo Valeiras, ha destacado en declaraciones a Efe el "seguimiento absoluto" que está teniendo esta protesta que, ha dicho, es "imprescindible" para demostrar la situación que atraviesa el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la ciudad. Valeiras ha censurado que la Xunta de Galicia haga un "uso electoralista" de la violencia machista y que no muestre "ningún interés" en solucionar este problema, demostrando un "desprecio absoluto hacia las víctimas".

Censuran los trabajadores que los retrasos y la situación de "colapso" provoca que las mujeres "ya no confíen en la Justicia", que los maltratadores "se aprovechen de la lentitud" y que los menores queden "en manos" de estos últimos. Hablan también de que el "retraso" en los juzgados de Familia ha provocado que, en el último trimestre, 10 demandas se derivasen al de Violencia sobre la Mujer.

Además, alertan sobre las consecuencias de la suspensión de diligencias urgentes, de que los trabajadores realicen jornadas de entre 9 y 10 horas "en situaciones de estrés" y de que el edificio judicial no cuente con la ventilación adecuada ni con espacios que proporcionen intimidad a las víctimas o a los testigos.

Los trabajadores no están dispuestos "a permitir" que "muchas mujeres maltratadas no denuncien por falta de confianza en el sistema judicial, que las medidas provisionalísimas tengan más de 4 meses de retraso o que los menores tengan que ser cuidados por los funcionarios mientras declara la maltratada".