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Mazazo a la construcción en Vigo · Las fórmulas para desbloquear proyectos urbanísticos

El encaje: su "magnitud" y trascendencia territorial

El decreto sobre planes supramunicipales permite aplicarlo a proyectos por su "contribución al desarrollo sostenible, social y económico de Galicia"

El Parque Tecnológico necesita más suelo | El otro desarrollo industrial inmediato junto a la expansión de Balaídos es el del Parque Tecnológico, promovido por Zona Franca al igual que el anterior. Su ampliación permitiría ganar 200.000 metros de suelo empresarial.

Infraestructuras sanitarias, parques eólicos, polígonos industriales incluidos en el Plan de Suelo Empresarial de Galicia, campus científicos, granjas acuícolas... La Xunta ha aprobado proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal para agilizar trámites en actuaciones clave cuya envergadura y carácter estratégico va más allá del término municipal en el que se alojan.

Expertos en urbanismo consultados por este periódico señalan que la Ciudad de la Justicia, las ampliaciones de Balaídos y el Parque Tecnológico y la estación intermodal cumplen los requisitos del decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales supramunicipales. Esta normativa está dirigida a impulsar y agilizar actuaciones urbanísticas con -reza el texto- "indudable incidencia territorial en materia de infraestructuras, dotaciones y otras instalaciones, tanto de iniciativa pública como privada, que se asientan sobre varios términos municipales, o de aquellas cuya incidencia transcienda del estricto ámbito local por su magnitud, importancia o especiales características".

La aprobación de los proyectos viene acompañada de decretos de expropiación urgente, lo que facilita la ocupación del suelo necesario. El mecanismo permite acortar considerablemente los tiempos respecto a una tramitación ordinaria, aunque los proyectos clave en los que se maneja para Vigo ya estaban en marcha y en algunos casos, como el de la Ciudad de la Justicia, muy avanzados, al punto de que la previsión es comenzar las obras a lo largo de 2016.

El decreto regulador establece una amplia gama de sectores en los que se pueden declarar de incidencia supramunicipal infraestructuras, dotaciones e instalaciones . Así, entrarían servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, turísticos, comerciales, administrativos, de seguridad y protección civil, recreativos y deportivos. Entre los criterios a seguir para aplicar la figura se recogen varios que, indudablemente, cumplirían los grandes proyectos vigueses. Uno de ellos es "la población beneficiaria de la infraestructura, dotación o instalación", que en todos los casos exceden el territorio municipal. Otro se refiere a la "función vertebradora y estructurante del territorio que conlleve tal actuación.", y un tercero a la "contribución al desarrollo sostenible social y económico de Galicia".

Aunque la intermodal, las ampliaciones industriales y la Ciudad de la Justicia son las prioridades, habría otros proyectos en los que, según los expertos, también podría tener cabida la incidencia supramunicipal. Entre ellos destacaría el polígono industrial de Matamá-Valladares, el último de los grandes parques empresariales que queda por construir en Vigo, con un millón de metros cuadrados y promovido por Zona Franca. Lo mismo ocurriría con la Ciudad del Deporte, en la que, entre los equipamientos de diferentes disciplinas que se construirían, se proyecta ubicar las instalaciones de la cantera del Real Club Celta.

Liñeiriños

El mayor ámbito de uso comercial incluido en el Plan Xeral ahora anulado es el de Liñeiriños, donde el grupo Eurofund proyecta crear el macrocentro Porto Cabral con una inversión de 500 millones de euros. Los citados expertos señalan que en este caso "no está claro" que reuniese los requisitos para la incidencia supramunicipal. Sin embargo hay precedentes en otras autonomías. La misma promotora obtuvo en Valencia la declaración de Actuación Territorial Estratégica, equivalente a la figura de la norma gallega, para el proyecto de Puerto Mediterráneo, en Paterna. La Generalitat resolvió que la inversión de 800 millones y los 5.000 empleos que generará justifican este procedimiento que agiliza los trámites urbanísticos.

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