Vigo reclamará formalmente la derogación de la ley de reforma local tras el acuerdo aprobado ayer en el pleno de la Corporación, a iniciativa del PSOE y al que se sumó Marea mientras que el PP votó en contra.
El alcalde y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, alerta desde hace meses de que la puesta en práctica de la reforma a partir de enero supondría un "caos" en los servicios sociales. En el debate, el portavoz socialistas, Carlos López Font, apuntó que a pesar de que el Ministerio de Hacienda anunció que la aplicación quedará aplazada hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica, "no hay garantías de la suspensión", con lo que "está en jaque la base del municipalismo y el modelo que garantizó la cohesión social en nuestro país durante los últimos treinta años". El edil socialista aseguró también que varios grupos políticos, como PSOE, UPyD y BNG, presentaron un recurso de inconstitucionalidad.
Rubén Pérez, portavoz de Marea, sostiene que la reforma "es la antesala de la privatización de los servicios sociales en los ayuntamientos y un golpe de Estado al consenso de la autonomía local que se fraguó en la Transición". Por su parte, la portavoz del PP, Elena Muñoz, acusó al gobierno local de "trasladar su marrullería a la FEMP" y recordó el compromiso del gobierno. "No entrará en vigor sin nuevo sistema de financiación autonómica pero ustedes quieren infundir miedo", reprobó.
