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Santiago Pedraz Gómez: "Fijar plazos puede dañar la instrucción de causas complejas y delitos económicos"

Santiago Pedraz en las jornadas de Vigo. // A. Irago

El juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, participó en las jornadas nacionales celebradas esta semana en Vigo. Se muestra crítico con la inminente entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y considera imprescindible mantener como "prioridad" que los miembros de los órganos de gobierno de los jueces se realicen sin interferencias políticas.

-De todas las reformas en marcha, ¿cuál es la que genera más incertidumbre en el sector?

-Sin duda, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la que más nos preocupa. Implica un cambio tremendo en el sistema y la adaptación va a ser dura tanto para magistrados como funcionarios.

-¿Es positivo que se fijen unos plazos máximos de instrucción?

-En la Audiencia Nacional no supondrá tanto problema porque tratamos delitos complejos con plazos más largos, pero en el resto de órganos sí puede dar lugar a que muchos procedimientos no puedan acabar de instruirse o se cierren mal. Una comisión rogatoria a un país extranjero que no sea de la UE puede tardar un año o dos y por eso temo que pueda habe problemas y se dañen causas complejas o de delincuencia económica.

-¿Dónde reside el principal problema para cumplir con los plazos?

-La clave es que no hay un modelo claro de instrucción. Si se pusiera la instrucción en manos del fiscal creo que podría ser viable fijar un periodo máximo, pero quedando en manos de los jueces no es positivo. En la práctica no creo que vaya a dar resultados.

-¿Se sienten los jueces decanos partícipes de esta reforma?

-La adaptación de la ley a las nuevas tecnologías y la regulación de las escuchas telefónicas es un paso adelante importante que llevamos tiempo reclamando. Y veo también positiva la revisión del estatuto de la víctima. Hay cuestiones concretas donde se mejora. Pero en términos globales la ley va a suponer un esfuerzo adicional en los juzgados. Quizá la entrada en vigor sea demasiado precipitada. Está previsto que una parte lo haga en noviembre y el resto en diciembre.

-¿Qué opina de las medidas de protección del imputado?

-Se le ofrecen más garantías y me parecen correctos todos los cambios que vaya en favor del derecho de defensa. De todas formas hay que resaltar que en España ya tenemos un derecho penal y procesal muy garantista.

-¿Es necesario establecer más límites para asegurar la independencia de los jueces?

-Los jueces decanos llevamos años defendiendo que lo más democrático es que los nombramientos en los órganos de gobierno de los jueces sean realizados desde la carrera judicial. Somos los que conocemos más en profundidad el sector y los primeros interesados en elegir a los mejores. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea un órgano político, sería fundamental para la confianza en la Justicia que no esté politizado.

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