La vorágine jurídica en la que están inmersas las cláusulas suelo ha sumado esta semana un nuevo capítulo. Y lo ha hecho de la mano de la Comisión Europea, cuyos juristas acaban de emitir un informe defendiendo que los bancos deben reintegrar todo el dinero cobrado de más desde el mismo momento en que se firmó el contrato. Una cuestión clave que choca con el criterio del Tribunal Supremo, que sólo establece esa retroactividad desde mayo de 2013, fecha de la sentencia que dio pie a establecer esta doctrina. El debate, pues, vuelve a estar sobre la mesa. Porque todo lo relacionado con estas cláusulas no es precisamente baladí. Y un claro ejemplo de ello es la avalancha de demandas sobre esta materia registrada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo: en 2014 hubo numerosos casos, pero este año se alcanzó la cifra récord de 200, casi uno diario. La sala ya está señalando juicios a seis meses vista -para abril de 2016-. Y según las fuentes consultadas es muy probable que, debido al aluvión de pleitos y a los trámites inherentes a este tipo de procedimiento, algunas causas no puedan llegar a una sala de vistas hasta 2017.
Lo que acaba de defender la Comisión Europea, que se devuelva todo lo cobrado de más desde la misma firma de la hipoteca, es una reivindicación unánime en las demandas que formulan los afectados ante los tribunales. Hubo jueces que en su día aplicaron este criterio, pero el Supremo zanjó la disparidad de interpretaciones que evidenciaban las sentencias sobre la materia sentando doctrina en base a su famosa resolución en la que se declararon abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, Cajamar y Abanca, fijando la retroactividad sólo desde la fecha de ese fallo: el 9 de mayo de 2013. Y éste es el criterio que a día de hoy caracterizan los fallos del juzgado vigués, extendiendo su aplicación a todos los bancos y no sólo a los tres del fallo del Alto Tribunal. Eso sí, siempre que los afectados tengan la consideración de "consumidores".
El tribunal de lo Mercantil de Vigo registró 200 demandas entre enero y septiembre de este año. Pero sus estadísticas sobre cláusulas suelo no seguirán engrosándose, ya que, debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la eliminación y devolución de las cantidades indebidamente cobradas por los bancos en las hipotecas debido a la aplicación de esta condición abusiva han pasado a ser, desde este pasado 1 de octubre, competencia de los juzgados de Primera Instancia -en Vigo hay 12 que se repartirán estos asuntos-. Lo único que seguirá en manos del Mercantil serán las acciones colectivas, pero en la ciudad olívica no hubo hasta el momento ninguna causa de estas características.
Lo que deberá seguir tramitando este juzgado vigués son todos esos 200 casos que asumió hasta septiembre. Aunque la sala habilitó un día más de juicios a la semana para dar salida al aluvión de asuntos, la agenda de señalamientos ya está completa hasta abril de 2016. Y hay muchos pleitos que aún no tienen fecha de vista oral -al estar en la fase anterior de contestación a la demanda por parte de los bancos o a la espera de la audiencia previa-, por lo que algunos casos no podrán tener respuesta hasta finales del próximo año. Y, según las fuentes consultadas, probablemente en algunos supuestos hasta 2017.
¿Qué ocurrirá en relación con el posicionamiento de la Comisión Europea? Por lo de pronto, habrá que esperar al pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la UE. Y si se mantiene en que hay que devolver todo el dinero, uno de los debates se centrará en si los casos ya sentenciados pueden o no volver a ser revisados por la justicia.
