El esperado proyecto de la Ciudad de la Justicia dará el día 23 de este mes un paso de gigante. La Gerencia de Urbanismo ha citado a los afectados en esa fecha para pagar los 2,6 millones de euros de la expropiación de los terrenos en los que se levantará la nueva sede, detrás de los actuales Juzgados de la calle Lalín. Inmediatamente, según señalan fuentes municipales, los técnicos comprobarán que las 14 viviendas del ámbito están vacías y se pondrán los terrenos a disposición de la Xunta, completando con ello la actuación del Concello. Desde ese momento corresponderá a la Consellería de Xustiza la licitación de la obra, presupuestada en 20 millones.
La expropiación fue la cuestión central que paralizó durante cinco años el proyecto de la ciudad judicial ya que el Gobierno gallego reclamaba que el Concello cediese el suelo -y por tanto corriese con la indemnización a los afectados- como en otras ciudades, mientras que el alcalde exigía que lo hiciese la Administración autonómica, ya que tiene las competencias en materia de justicia. Finalmente el Ayuntamiento accedió a asumir el gasto para desbloquear la infraestructura, una demanda histórica de la comunidad judicial de Vigo ante las limitaciones de espacio de los actuales juzgados, y obtuvo el dinero a través de la subasta y venta de viviendas municipales en la calle Rosalía de Castro.
Con el dinero ya consignado en febrero aprobó la expropiación por 2,3 millones, cantidad que se ha incrementado en 300.000 euros sobre todo tras comprar el Concello la totalidad de una finca lindante que en el futuro tendría que adquirir igualmente al desarrollarse la segunda fase de la urbanización.
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El ámbito afectado por el complejo es de 6.597 metros cuadrados, si bien el Concello es propietario de 1.490 y la Xunta de 56. En los terrenos privados existen siete edificaciones en las que hay catorce viviendas. Además de fijarse las cuantías para los propietarios en el expediente de tasación se incluyó en las indemnizaciones a ocho familias que o bien son inquilinas o tienen reconocido algún derecho. Otras cuatro son dueñas y residentes de viviendas afectadas.
El Concello facilitó un piso municipal a una familia de cinco miembros en el barrio de Navia, donde podrán residir diez años sin pagar alquiler salvo comunidad, luz y agua. Además ofreció a otras dos elegir entre varias viviendas o recibir una compensación económica.
Todos los afectados han sido notificados para acudir el día 23 a la Gerencia de Urbanismo y recibir un talón con el importe que les corresponde según la tasación municipal. A los que no se personen, no entreguen las llaves de las propiedades o tengan algún problema con la documentación, se les integrará la cantidad en la Caja General de Depósitos.
La Xunta incluyó en varios de los presupuestos de los últimos años partidas millonarias para la construcción de la sede judicial. Sin embargo, en las dos últimas cuentas autonómicas dejó de consignar fondos para este fin ante el bloqueo del proyecto, señalando en una de las memorias que, si recibía los terrenos a lo largo del año, habilitaría dinero para proceder a licitar la obra.
El futuro de la Ciudad de la Justicia quedó despejado en la reunión que mantuvieron en julio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde Abel Caballero. En el encuentro el responsable autonómico ratificó que, una vez que la Administración que dirige recibiese el suelo, procedería a licitar la obra para empezar a construir en 2016 el complejo judicial. En unas semanas la Consellería de Xustiza será titular de las fincas.
