El Casco Vello cuenta desde ayer con un nuevo inquilino. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos, la oficina judicial que tiene entre sus cometidos ejecutar los desalojos y realizar notificaciones a domicilio, ya empezó a funcionar en el nuevo edificio de la calle San Sebastián, unas instalaciones divididas en tres plantas que albergarán desde ahora al secretario judicial y a los 20 funcionarios de este servicio. Su traslado al centro de la ciudad desde las dependencias que ocupaban en los juzgados viejos de la calle Lalín era ayer valorado de forma agridulce por la plantilla. Varios trabajadores calificaban de "sinsentido" estar fuera de la sede judicial cuando su labor requiere de contacto directo con los diferentes tribunales de la ciudad, que a diario les remiten documentación. Pero al mismo tiempo valoraban de forma positiva contar por fin con unas dependencias que distan mucho del pequeño espacio de 30 metros cuadrados que ocupaban hasta ahora. "De estar apiñados, después de muchos años por fin tenemos una mesa y una silla para cada uno; esto incluso ya es demasiado grande para nosotros", coincidían sobre los 600 metros cuadrados de su nuevo inmueble con fachadas acristaladas.

La actividad de los funcionarios de este servicio no tiene tregua. Durante el pasado año salieron a la calle para ejecutar 588 desahucios y en torno a un millar de embargos. Y además, y este es el grueso de su labor, se encargan de la práctica de notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos, que los trabajadores entregan de forma personal en domicilios particulares, empresas o despachos profesionales, y que suponen una media de un centenar cada día.

Ayer, tras la mudanza de expedientes, ordenadores y material de oficina llevada a cabo el miércoles por la tarde, la plantilla trataba de adecuarse a su nueva ubicación. Estos días serán aún de transición y, de hecho, en la antigua sede todavía hay dos funcionarios que durante varias jornadas atenderán a los ciudadanos que tienen avisos de recogida de notificaciones con la antigua dirección de la calle Lalín. Ya después, siempre se quedará un funcionario, que tendrá una labor de enlace entre los juzgados y el Casco Vello. A diario y en coche de la Xunta con chófer habrá que trasladar en valija la documentación que los tribunales remitan al servicio relativa a notificaciones, desahucios o embargos. Y realizada la diligencia, esos expedientes deberán volver al respectivo juzgado que lo tramita.

Esa "coordinación" con los juzgados, al estar ahora lejos, es una de las cuestiones que más preocupa a los trabajadores. También avisan de que esta situación afectará a los ciudadanos. "Habrá veces que tengan que venir aquí y después al juzgado que lleva su asunto; antes, cuando estábamos en la calle Lalín, era sólo subir unas escaleras, pero ahora es muy distinto", afirmaban ayer por la mañana, mientras organizaban las nuevas oficinas, ubicadas en un edificio reformado por la Xunta y que, inicialmente, había sido ideado para ubicar el Registro Civil. La rehabilitación costó 900.000 euros, a los que hay que sumar otros 600.000 euros de la adquisición de los dos inmuebles de las calles San Sebastián y Abeleira Menéndez.

Y con la marcha de este servicio, los juzgados, que sufren una notoria falta de espacio, ganan sitio para destinar a otras necesidades. La oficina que queda libre, ubicada concretamente en la planta baja del viejo edificio, será para uso de la Fiscalía, para despachos de fiscales. Aunque ayer aún no estaba concretado, todo apunta a que parte de esta dependencia será asimismo para el funcionario de enlace con el que contará la oficina de desahucios y embargos.