Los comerciantes de A Pedra logran dar un paso más para que el mercado recupere su pulso. El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo acaba de archivar la causa contra 10 de los 65 autónomos imputados por vender, presuntamente, prendas falsificadas. El auto -con fecha de ayer- concluye que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" en los casos de los 10 comerciantes, que se convierten así en los primeros que ven cómo se sobresee su causa. La Fiscalía y las marcas denunciantes disponen ahora de cinco días de plazo para recurrir la decisión de la jueza.
Los 65 comerciantes de A Pedra fueron imputados tras la macrorredada de la Operación CuarzoOperación Cuarzo, realizada el 15 de octubre de 2014 y en la que se incautaron 20.000 prendas falsas. Como medida cautelar el juzgado ordenó entonces que se precintasen 40 puestos y bazares del mercado y su entorno. De ellos a día de hoy solo 13 recibieron permiso de la Audiencia Provincial para reabrir sus puertas.
En un auto de junio en el que se daba luz verde a la primera reapertura, la Audiencia concluía que el cierre resultaba "desproporcionado". En otro -fechado a finales de julio- el órgano provincial permitía el segundo desprecinto en A Pedra al considerar que las razones que podrían justificar la clausura cautelar habían "ido perdiendo intensidad". Poco después, a principios de agosto, el Juzgado de Instrucción 3 autorizaba la reapertura de otra decena de locales.
Casi un año de "agonía"
Casi un año después A Pedra sigue sin vida, sin embargo. Un número importante de puestos sigue con las verjas bajadas por orden judicial. Y los comerciantes que sí tienen permiso para abrir sus establecimientos se niegan a hacerlo hasta que el mercado retome la normalidad. La gerencia de la asociación Vigo Vello -que aglutina a los comerciantes del recinto y del resto del casco histórico- ya valora "replantear" el mercado, apostando por la venta de souvernirs para turistas, productos de merchandising, gourmet y artesanía.
A lo largo de los últimos meses los autónomos afectados han tachado la clausura de castigo "excesivo y desproporcionado", ya que les ha privado de las campañas de navidades, Semana Santa y sobre todo la de verano, la más importante para el colectivo. Esa "agonía" llevó incluso a los propietarios de 11 de los 40 puestos precintados a renunciar a su negocio, asfixiados por las deudas y los costes que siguen generando los locales -luz, agua, canon, seguridad, etc.-. El cierre también "asfixió" a establecimientos del barrio e incluso otros que abandonaron el mercado ante la caída de actividad, como una joyería situada en los accesos.
A principios de mes la magistrada que lleva el caso en Vigo inició una ronda de interrogatorios entre los imputados por presuntos delitos contra la propiedad industrial, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o contrabando. Algunos vendedores se acogieron a su derecho de no declarar; otros insistieron en que no tenían ropa falsificada.
