El juzgado especializado en preferentes y subordinadas de Vigo pervivirá hasta que finalice 2015. La sala creada hace dos años para dar respuesta a la avalancha de demandas de afectados por estos productos financieros de alto riesgo se enfrentaba el día 30 de este mismo mes a su fecha límite tras la última prórroga, pero la Xunta anunció ayer que este tribunal -igual que el de A Coruña de la misma materia- seguirá funcionando al menos hasta el 30 de diciembre para resolver los 140 casos que todavía tiene pendientes de los más de 2.700 que registró desde su puesta en marcha. Unos pleitos que, una vez se cierre el juzgado, se quieren expurgar -destruir- en el plazo más breve posible para evitar que resten aún más espacio en los ya saturados archivos judiciales de la ciudad.
La sala de preferentes viguesa ya no recibe asuntos nuevos desde el 1 de julio -los pocos que siguen entrando los asumen ya los tribunales de Primera Instancia-, pero debido al aluvión de demandas que sumó hasta esa fecha, un total de 2.735, todavía hay causas por juzgar y sentenciar. Y es que aunque el juzgado ya resolvió el 95% de las demandas, a día de hoy aún hay 140 pleitos vivos y una agenda de juicios ya completa hasta el 17 de noviembre. Ante esta situación, y tras la petición formulada por la junta de magistrados de Primera Instancia de Vigo antes del verano, la sala seguirá abierta hasta final de año. Así lo anunció ayer el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, en una visita al juzgado vigués en la que estuvo acompañado, entre otros, por el juez decano, Germán Serrano; la magistrada de la sala, Tania Rodríguez Lozano; la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, y el decano del Colegio de Procuradores, Manuel Castells.
Una vez que el juzgado se cierre, una labor que se pretende acometer es la de destruir los kilos y kilos de papel que ocupan esos más de 2.700 casos. Con la garantía de que los pleitos se conservarán en el programa informático judicial para su consulta, y que también se guardarán los libros de sentencia, el expurgo se considera prioritario y así se ha solicitado a la junta que se encarga de este tarea. Aunque por regla general hay que esperar cinco años desde que se archiva definitivamente un asunto para proceder a su eliminación, el juez decano vigués destacaba ayer que "en casos excepcionales" este plazo se puede reducir a un año. "Y aquí se daría esa situación excepcional, ya que el juzgado va a desaparecer", explicó.
Ante este escenario, en la junta de jueces de junio ya se había acordado dar traslado de esta previsión al Consello da Abogacía, para que los letrados que han tenido casos en esta sala puedan solicitar la documentación que estimen conveniente antes del expurgo. También el propio juzgado durante este verano informó a las partes por si algún particular quiere recuperar documentación original que hubiese aportado en su día. Y, de aprobarse definitivamente el expurgo de estos expedientes, se le daría publicidad en el DOG dando a los interesados un plazo de dos meses para disponer de esos documentos.
Ahora, a escasos meses ya del cierre del juzgado de preferentes, tanto el director xeral de Xustiza como el juez decano vigués realizaron una valoración positiva del mismo. "Esta sala resolvió un problema social", coincidieron. "El Poder Judicial, que preveía una avalancha de casos, se adelantó creando el juzgado y la experiencia salió muy bien, porque se dio una respuesta rápida a los afectados", concretó Serrano.
En su visita Martín también anunció que esta semana se dotó de un funcionario más al servicio de registro y reparto de asuntos de los juzgados ya que, además de las demandas, desde junio también recibe todos los demás escritos que entran en los tribunales de Vigo.
