Cuando están a punto de cumplirse casi once meses desde que explotase la "Operación Cuarzo", la macrorredada contra la venta de ropa falsificada y tabaco de contrabando desarrollada el 15 de octubre de 2014 en el mercado vigués de A Pedra, la juez que lleva el caso ha emprendido una ronda de interrogatorios a imputados. Ocho vendedores comparecieron ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, si bien seis de ellos se acogieron a su derecho a no declarar y los dos que lo hicieron, una jubilada y un hombre de más de 80 años, negaron que tuviesen ropa falsa en sus puestos: la primera al alegar que la tienda estaba cerrada y sin prendas ya que tenía la jubilación desde dos años antes de la redada, y el hombre al señalar que sólo vendía relojes y aparatos electrónicos como radios. Tras esta jornada, hoy están citados otros ocho imputados. Y mientras, la mayoría de los 40 locales del popular mercado que fueron cerrados por orden judicial siguen en esta situación: por el momento, sólo se levantó el precinto a trece de ellos.
Las comparecencias de ayer y las que habrá hoy -que no serán las últimas ya que todavía faltan vendedores por citar- se realizan después de las que hicieron en su día los detenidos en el caso, más tarde otra imputada y el pasado julio al menos otros tres comerciantes. La causa, que se saldó con millones de prendas intervenidas y un total de 65 imputados, se sigue por presuntos delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal, blanqueo de capitales o contrabando.
Los interrogatorios fueron en la sala de vistas del juzgado en presencia, además de la magistrada, de varios abogados defensores y de dos de los letrados de las marcas denunciantes -uno de ellos miembro de un despacho de Barcelona y que representa a Carolina Herrera, Hugo Boss, Adidas, Fred Perry, Armani y Burberry; y otro de un bufete madrileño en representación de Nike y Lacoste-. Quien no estuvo presente fue la Fiscalía.
Seis de los vendedores, la mayoría mujeres, se acogieron a su derecho a no declarar. Beatriz Sánchez, cuyo local ya fue desprecintado, fue una de ellas. "Lo que pedimos ahora es que se permita la apertura del resto de puestos, para que todos podamos trabajar", afirmó, en coincidencia con otros afectados, cuando abandonaba los juzgados.
Declaraciones
Otros dos vendedores sí hablaron ante la juez. Una de ellas, una mujer que sólo respondió a preguntas de su abogada. La imputada, según las fuentes consultadas, explicó que tenía su puesto desde 2007 y que en todas las operaciones que se realizaron desde entonces el mismo siempre estuvo cerrado. Con respecto a este último operativo, aseguró que en el local ya no tenía prendas ya que estaba jubilada desde hacía dos años. Según su testimonio, mantenía el puesto, ya prácticamente sin actividad, sólo a efectos de cotizar para la Seguridad Social. La mujer hizo referencia en su intervención a que en las diligencias policiales sólo se hacía referencia a que había vendido en una ocasión una gorra falsificada.
El otro imputado que declaró, en este caso a todas las partes, dijo que en su establecimiento no había ropa falsa ya que sólo se dedica a aparatos como radios, así como a relojes. Las fuentes consultadas señalan que la esposa de este hombre, también imputada, tenía su puesto cerrado desde 2012. El imputado respondió a los abogados que los bienes de los que dispone son fruto de su trabajo y de herencias, como el caso de un conjunto de fincas.
