Vigo y Porriño acuerdan desjudicializar el conflicto histórico que mantiene enfrentadas a ambas corporaciones desde hace más de una década por el cobro del agua y el pago de las infraestructuras hidráulicas de la comarca construidas en los noventa. Abel Caballero y Eva García escenificaron ayer el nuevo clima de entendimiento durante su primera reunión en Praza do Rei tras la que anunciaron su intención de negociar un plan de pago aplazado en el que sean los técnicos y jurídicos de ambos ayuntamientos quienes determinen el importe de la deuda a saldar por parte de los porriñenses y los años en los que debe hacerse efectivo ese reintegro. El Concello de Vigo cifra en tres millones de euros el importe actual de la deuda, pero por ahora no se ha puesto cifra a la cantidad que está dispuesto a reconocer el nuevo gobierno vecino.

"El importe es significativo para un ayuntamiento como Porriño y la solución que nos plantean de negociar un plan de pagos en varios años me parece razonable", valoró Caballero tras el encuentro con García. En él quedó claro que Vigo renuncia a hacer valer las dos sentencias favorables a sus intereses de forma inmediata y en un solo pago. El alcalde reconoció la necesidad de pactar una "salida política que no grave excesivamente a los vecinos de Porriño".

Tres millones de pagos pendientes en un ayuntamiento con un presupuesto de apenas 18 requiere de un pacto entre corporaciones y en lo que también coincidieron Caballero y García es en reprochar al anterior regidor de Porriño, el popular Nelson Santos, que no buscara una salida negociada. "No asumía que habían perdido en los tribunales. La sentencia es contundente y hay que buscar soluciones desde el ámbito político", incidió Caballero.

Su compañera socialista apuntaba en esta misma lína. "Hemos llegado a conclusiones parecidas y las dos partes estamos de acuerdo en una salida pactada que es lo que no se ha hecho hasta ahora. Los técnicos nos darán las pautas sobre los plazos y los importes. Queremos una decisión que sea aceptable para ambas partes", expresó García, quien eludió poner cifras exactas a la cuantía reconocida por primera vez por Porriño, quien aún mantiene litigios abiertos sobre el precio del agua.

"Hay dos sentencias contradictorias y el tema sigue en los tribunales pero hay que desjudicializar el conflicto", avanzó la primera edil porriñesa. La institución asume por primera vez la necesidad de pactar con Vigo un plan de pago en varias anualidades que ayude a ir cubriendo de forma progresiva el agujero acumulado en más de una década. El acuerdo alcanzado también contempla, según desveló Caballero, que de forma paralela el Concello de Porriño empezará a hacerse cargo de los recibos para evitar que la deuda siga aumentando.

En opinión de los juristas vigueses, la última reclamación que realizaron por vía judicial sobre 217.000 euros correspondientes a los recibos bimestrales entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013 "sienta jurisprudencia y podría extenderse al global de la deuda". Caballero aseguró que los dos fallos judiciales a favor de las arcas viguesas ya no son recurribles y abogó por dejar de gastar el dinero en abogados, si bien insistió en que el Concello vigués "lo que no hará nunca será renunciar a su derecho patrimonial". "Se trata de dar facilidades para que los porriñeses no tengan que pagar en un mes quince años pasados de errores", expresó satisfecho tras repasar las últimas resoluciones judiciales.

El municipio del Louro que cuestiona en los tribunales el acuerdo del Pleno vigués que en 1998 fijó los términos del cobro, aceptó en 2009 empezar a pagar recibos bimensuales pero dejó de hacerlo en 2012. Y tanto sobre la ausencia de impugnación en su día del acuerdo plenario como el hecho de que durante un periodo de tiempo Porriño aceptase pagar las facturas, se apoya la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitida en febrero. A la vuelta de vacaciones se pondrá fecha a la primera reunión entre técnicos de ambos municipios.