El PSOE hizo valer su holgada mayoría absoluta para tumbar las propuestas que arrojaban sombras sobre su gestión: la creación a iniciativa de Marea de una comisión de investigación sobre procesos judiciales que atañen al Concello, principalmente la Operación Patos; y auditorías a las concesionarias, priorizando Aqualia y Vitrasa, en este caso a propuesta del PP.
Rubén Pérez defendió la creación de la comisión "para saber qué parte de la administración está siendo investigada" y aseguró que la iniciativa "no tiene afán culpabilizador". Diego Gago (PP) demandó al alcalde "aclaraciones sobre qué documentos e información solicitaron la fiscalía y el Juzgado, y qué medidas tomó el gobierno local para clarificar los hechos".
Carlos Font reprochó a Marea y PP que estén "tan coordinados" y defendió que el Concello "tiene toda la disposición a colaborar con la justicia". Recordó que hay secreto de sumario y les acusó de "pretender sustituir al juzgado". Pérez replicó que "los expedientes son públicos".
La moción del PP pidiendo auditorías a las concesionarias también cayó en saco roto. Su portavoz, Elena Muñoz, destacó que 120 millones del presupuesto municipal están gestionados por empresas privadas y reclamó "que se controlen de forma adecuada". El segundo teniente de alcalde, David Regades, defendió que "Vigo es el Ayuntamiento más transparente de España mientras que con el PP era el de la gestión turbia". Marea se abstuvo al alegar que el PP no precisaba cómo se aplicaría el control.
Por otra parte, el PSOE rechazó la petición de los populares de introducir una moción por urgencia en la que exigían agilizar el pago de ayudas en el hogar. Los socialistas consideraron injustificada la urgencia. Muñoz les recriminó después que "aplican el rodillo" y lamentó su "actitud arrogante".
