La Fiscalía pide cinco años de prisión y seis de inhabilitación para una mujer, María Jesús F.P., como presunta autora de un delito de falsedad documental cometido por un funcionario público, por aprovechar su condición de Policía Local de Vigo para falsificar un documento y evitar pagar las tasas del depósito de vehículos para sacar una moto.
Según el escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en agosto de 2013, cuando la mujer trabajaba en el depósito municipal de la Avenida de Madrid y tuvo conocimiento de que había en el lugar depositada una moto desde noviembre del año anterior, por carecer del seguro obligatorio.
A través de un intermediario, se puso en contacto con el propietario de la motocicleta y le ofreció 1.000 euros por la misma, un precio inferior al del mercado. Ambos se citaron el 12 de agosto en la oficina de Tráfico de la calle Regueiro y suscribieron un contrato privado de compraventa, así como la transferencia de la titularidad.
Al día siguiente, la nueva propietaria y otra persona acudieron por la mañana a retirar la moto y el agente que estaba de servicio en el depósito elaboró la hoja de entrega del vehículo, en la que escribió la expresión "con cargo", lo que implicaba el reconocimiento de la obligación de abonar las tasas pendientes en concepto de grúa, traslado y custodia, que ascendían a casi 1.500 euros.
La acusada, aprovechando que ese día trabajaba de tarde, buscó el documento y alteró su contenido, cambiando el concepto "con cargo" por "sin cargo", y sobreescribiendo manualmente "sin cargo accidente, Agente 19, por Oficina Policía Local".
PENAS
La Fiscalía considera que María Jesús F.P. actuó con el fin de obtener un beneficio económico y se aprovechó de su condición de agente de la Policía Local, por ello cree que es autora de un delito de falsedad documental cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en concurso con un delito de estafa.
Por estos hechos, pide para ella 5 años de prisión y 6 años de inhabilitación con motivo del juicio que se va a celebrar el próximo miércoles 22 de abril en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Además, reclama que se le imponga una multa de 6.600 euros, y que la acusada pague a la empresa que gestiona el depósito, Setex Aparki, los casi 1.500 euros de las tasas que no pagó.
