El PP exige al alcalde que aclare la política de contratos y el PSOE alaba su "transparencia"

Gobierno local y oposición despacharon en 15 minutos el pleno extraordinario convocado a petición del PP para evaluar las contrataciones en las concesionarias municipales. La oposición coincidió, sin éxito, en orientar el debate hacia el alcalde como "máximo responsable" de la gestión del gobierno. Le reclamaron explicaciones sobre "los procesos judiciales abiertos". Pero fue el portavoz socialista y segundo teniente de alcalde, Carlos López Font, el encargado de dar la réplica a PP y BNG acusándolos de "confundir" a los ciudadanos. "El juzgado solicitó información sobre un único contrato que afecta a una trabajadora temporal que lleva ya dos años en el paro. Son tres funcionarios los encargados de informar a la justicia sobre el caso", puntualizó el edil del PSOE, quien insistió en que la investigación "no afecta al gobierno" y defendió su "absoluta transparencia".

Font mostró su "total apoyo" a los tres altos funcionarios imputados por la contratación de la cuñada de la primera teniente de alcalde en la empresa que gestiona los centros cívicos. "Vigo tiene un gobierno honrado y quienes debieron dimitir fueron los ediles del PP cuando el 17 de marzo el secretario emitió un informe advirtiendo contra su actitud inquisitoria", denunció el portavoz.

Más enérgico que de costumbre, el socialista optó por el contraataque e introdujo en el debate las investigaciones que afectan a otras instituciones gobernadas por el PP. "En el Ayuntamiento de A Coruña no piden un pleno para hablar de los 54 enchufes y el presidente de la Diputación de Pontevedra se niega a colaborar con la justicia". Sus últimos dardos fueron para la candidata del PP y exconselleira de Facenda, Elena Muñoz. "Si algún día se sienta ahí enfrente no podrá darnos lecciones porque ella está señalada. Firmó 20 millones de euros a gente vinculada con la trama de la Operazión Zeta", prosiguió el edil socialista.

En el PP le reprocharon posteriormente el tono de su intervención y que "evitara" profundizar en la política de personal de las concesionarias. "No estamos aquí para hablar de lo que sucede en A Coruña o en las diputaciones. Lo único que perseguimos es esclarecer unos hechos muy concretos y de ustedes depende hacerlo o mantener las sospechas", defendió Miguel Fidalgo.

El edil del PP justificó la petición del pleno extraordinario como la "última opción" de su grupo: "Presentamos dos mociones sobre contrataciones en el Concello que no se atendieron y no venimos a judicializar la vida política ni a dañar a las instituciones. No lo hubiéramos convocado si todo estuviera claro. Pero algo no se está haciendo bien", valoró Fidalgo. Él fue el encargado de arrancar la sesión y en ocasiones se dirigió directamente al alcalde y presidente del pleno. "Nos gustaría que fuese él el que dé explicaciones", le pidió sin obtener respuesta. Ya acabada la sesión, el grupo emitió un comunicado acusando a Abel Caballero de "reírse de los vigueses al esconderse detrás de uno de sus concejales", puntualizaron.

La portavoz del Bloque, Iolanda Veloso, también demandó la intervención del alcalde y criticó que dé "la callada por respuesta como hizo cuando se le preguntó al gobierno por la Operación Patos". "Al margen de la acción judicial sobre supuestas ilegalidades, hay que dar una explicación política y le corresponde al máximo responsable del gobierno", reiteró Veloso.

Dos desalojados

Pese a la expectación generada por ser la primera vez que el gobierno local se refería a la imputación de tres funcionarios -el interventor, su predecesor y el jefe del servicio de Empleo- y a registrarse colas a la entrada desde las siete de la mañana, el pleno extraordinario transcurrió con normalidad. Si bien el eco de las acusaciones cruzadas se dejó sentir luego en la sesión ordinaria. La comparecencia de Carmen Albo para defender que se dote al nuevo hospital de Beade de un laboratorio central encendió a una parte del público, que acusó al alcalde de dejar intervenir "solo a entidades afines mientras la Favec o el Club Casablanca llevan meses esperando". Tras pedirles silencio en varias ocasiones, el alcalde ordenó a la Policía Local que desalojara al portavoz de Xuntos, Carlos Armada, y a su compañero en la plataforma Emilio Domínguez.

A la sesión también acudió Rubén Pérez, candidato de la Marea de Vigo, y otros integrantes de la lista, que tildaron de "insulto a la ciudadanía" el pleno de 15 minutos sobre contrataciones públicas.

El debate concluyó con la aprobación en solitario del PP de una resolución que insta al gobierno local a "revisar, reforzar y garantizar" que se cumple la legalidad en las concesionarias. El BNG se abstuvo por entender que el acuerdo es "insuficiente" al no incorporar medidas concretas de control.