El juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía en relación con supuestas irregularidades en la contratación de personal de una empresa que gestionaba los centros cívicos municipales en la ciudad, y ha llamado a declarar a cuatro personas en calidad de imputadas, que han sido citadas para el próximo 26 de marzo, según han confirmado fuentes judiciales.
La denuncia de la Fiscalía se presentó la pasada semana, tras las diligencias realizadas por el ministerio público en base a una denuncia realizada en agosto pasado por la plataforma ciudadana Xuntos. La fiscalía formuló esa denuncia contra cuatro personas (entre las que figuran una cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva, y un responsable del área de Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento).
La Fiscalía ha aportado prueba documental, entre la que figuran informes policiales, del Ayuntamiento y de la empresa investigada (Imesapi), y testifical, tras haber escuchado varios testimonios en los últimos meses, y mantiene que hay indicios de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La investigación se inició tras la presentación de un escrito por parte de la plataforma ciudadana Xuntos, en agosto del pasado año. En ese escrito, este colectivo denunciaba decenas de casos de supuestos 'enchufes' en el Ayuntamiento, en empresas concesionarias o con participación municipal, y en el Puerto (en la época en la que Abel Caballero presidía este organismo).
HECHOS INVESTIGADOS
La Fiscalía no ha encontrado evidencias de todos los casos hechos públicos, pero sí que ha detectado la posible comisión de delitos en uno concreto: la contratación de la cuñada de Silva en una empresa que gestionaba los centros cívicos municipales.
La presidenta de la Federación Vecinal y extrabajadora del centro cívico de Coruxo, María Pérez, fue una de las personas que acudió a declarar ante la fiscal jefe de Vigo. Según su relato, la cuñada de la teniente de alcalde fue contratada en junio de 2008 y estuvo en nómina hasta 2013, pero no fue a trabajar más unas pocas semanas.
Se da la circunstancia de que el juzgado que deberá dirimir sobre esta denuncia es el de instrucción 7, el mismo que desarrolla la conocida como Operación Patos, en la que se investiga la presunta comisión de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en varias administraciones, incluido el Ayuntamiento olívico.
