Uno de los eternos problemas de los juzgados de Vigo es la saturación de sus archivos. Un contratiempo nada baladí que ha encontrado en el expurgo parte de su remedio. Desde que en 2013 arrancaron las labores para eliminar documentación de pleitos antiguos ya archivados, se retiraron más de 18.000 expedientes judiciales, a los que hay que sumar unas 50 toneladas de piezas de convicción -pruebas de delitos-. Y también la Fiscalía se ha librado de papel: entre las sedes de Vigo y Pontevedra se retiraron la friolera de 32.000 kilos de documentos.
Los avances en el proceso de expurgo fueron expuestos ayer en Pontevedra con motivo de la visita a esta ciudad del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández Martínez, quien destacó esta labor como clave no sólo para avanzar hacia "la modernización e informatización de todo el proceso judicial", sino también para proteger aquellos documentos que tengan un especial valor histórico o cultural. De hecho, en Vigo hay un claro ejemplo de ello con los casos del antiguo juzgado de Lavadores -el legajo más antiguo es de 1927-, que se trasladaron hace unos meses al archivo histórico pontevedrés.
A día de hoy, según informó la Xunta, un total de 18.059 asuntos ya fueron retirados de los archivos de los tribunales de Vigo y están a la espera de la decisión de la Junta de Expurgo: pertenecen al Juzgado de Primera Instancia 10, a los tres de lo Penal y al número 5 de Instrucción. Y hay preparados 3.543 expedientes más, en este caso de juicios de faltas de las salas de Instrucción 5 y 6. La eliminación de pleitos ha dejado libres centenares de metros lineales en las estanterías, que ya se han ocupado o se ocuparán con causas más recientes y aún abiertas.
Tribunal de instancia
En la visita del vocal del CGPJ a Pontevedra -en Vigo ya estuvo en 2014- no sólo se habló del expurgo. El mapa judicial también estuvo presente. Fernández Martínez afirmó que mantiene su apuesta por el modelo de los tribunales de instancia, idea ya recogida en la reforma del exministro Gallardón, que finalmente no fue adelante y que recogía la supresión de las audiencias provinciales y los partidos judiciales. El vocal admitió que aquel anteproyecto presentaba defectos "a la hora de acomodarse a las realidades concretas", como el caso de Vigo que "era un ejemplo claro" de que la norma debe tener cierta "versatilidad" para dar respuesta a las necesidades de cada territorio. Por ello, señaló que la apuesta por los tribunales de instancia no "implica la supresión de todos los partidos judiciales", pero que debe ser el modelo a seguir.
