Las empresas que ofertan un paseo inolvidable en avioneta bordando el cielo de las islas del Parque Nacional o las que captan imágenes de estos archipiélagos con fines publicitarios o comerciales corren el riesgo de recibir una sanción de hasta 6.000 euros. Será la principal amenaza que afronten de no cumplir el procedimiento recogido en la nueva Ley de Parques Nacionales -en vigor desde el pasado diciembre,- que en lo concerniente a esos vuelos ha sido adaptada en cada territorio protegido de España siguiendo las recomendaciones de Aviación Civil. En el caso de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, la normativa modificada concede a la dirección del Parque todo el control sobre el tráfico aéreo en sus ámbitos, salvo el de servicios de emergencias y de las fuerzas de seguridad. Por debajo de los 1.000 metros solo se autorizará la navegación de aeronaves que cuenten con un permiso específico del Organismo Autónomo de Parques Nacionales -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- basándose en el previo informe favorable de la dirección responsable de estas islas de las Rías Baixas. Si despegan sin esa autorización rumbo a los archipiélagos, las firmas propietarias de las avionetas se exponen a la cuantiosa multa y de no abonarla incluso podrían acarrearle la prohibición definitiva de cualquier actividad en estos espacios.
"La improvisación en este sentido se acabó. Muchas empresas salían de Peinador en dirección a las islas sin ningún control. A partir de ahora no podrán hacerlo. Y sólo se concederán las autorizaciones a las solicitudes que estén muy justificadas", advierte el director de las Islas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas. Antes de esta importante restricción, el Parque Nacional gallego ya disponía en su reglamento de algunas normas relacionadas con la actividad aérea. Pero estas se habían quedado desfasadas para regular la elevada demanda registrada en los últimos años de vuelos comerciales y turísticos, y sobre todo, no conseguían el objetivo primero de la reforzada prohibición como es el de evitar que estos vuelos perjudiquen al frágil hábitat que puebla la isla. Así por ejemplo, para garantizar la tranquilidad natural en los espacios donde anidan las colonias de aves -de especies, como el cormorán moñudo, en peligro de extinción- ya no estaba permitido volar por debajo de los 600 metros. Desde el propio Parque Nacional admiten que nunca se abrió un expediente a una empresa o particular por rebasar esa cota de vuelo, y de hecho hay cientos de fotografías y vídeos de las islas que ahora sería impensables o estarían penados con las citadas multas.
Por eso la nueva normativa, además de duplicar la altura máxima a la que se deberá sobrevolar los archipiélagos -de 600 a 1.050 metros, el equivalente a 3.500 pies- impone una exigente tramitación a quienes pidan una autorización para volar por debajo de esa altura. "En cualquier caso no siempre se autorizará el vuelo y ni mucho menos se dará el permiso de un día para otro", resume Bouzas. Como mínimo, entre que el interesado solicita el vuelo dentro del perímetro aéreo protegido hasta que el Parque analiza los argumentos que lo justifican y eleva su dictamen al ministerio, podrían transcurrir de 10 a 15 días esperando por el permiso.
En paralelo, Aviación Civil ya ha incluido en su normativa el protocolo que deben seguir los vuelos privados que quieran navegar por el espacio aéreo de estas islas, y por extensión en el de todos los parques nacionales. De tal manera que para el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, máxima autoridad responsable de la regulación del tráfico aéreo en España, las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada están declaradas como "Zonas Restringidas" con carácter permanente que especifica "prohibido el sobrevuelo" por debajo de los 3.500 pies "excepto de aeronaves de Estado y vuelos para la conservación del Parque autorizados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales". Por eso, las avionetas que no recojan en sus planes de vuelo comunicados a las torres de control la incursión autorizada en el ámbito aéreo protegido de los archipiélagos se expondrían también a sanciones por parte de Aviación Civil.
Google, primer afectado por las limitaciones
- El Parque Nacional de las Islas Atlánticas se propone cumplir a rajatabla la nueva normativa de regulación de vuelos privados. Tras muchos años poco menos que haciendo la vista gorda con una actividad que, reconocen, le ha valido para publicitar el encanto de los archipiélagos en todo el mundo, ahora quiere aprovechar la oportunidad que le brinda la recién aprobada Ley de Parques Nacionales para controlar estos vuelos antes de que se conviertan en un verdadero problema.Como prueba de que la exigencia de la autorización del vuelo afectará a todas las empresas, grandes o pequeñas, expone el caso del primer afectado: la compañía del buscador de internet Google. Los responsables de la sección de Google Maps en España se pusieron en contacto con la dirección de la Islas Atlánticas para informarles de su intención de grabar vídeos y tomar fotografías en las islas para actualizar su banco de imágenes. Y tropezaron con las nuevas directrices. "Su solicitud estaba justificada, bien argumentada, y también prevaleció el efecto divulgativo de Google Maps. Pero tuvieron que esperar semanas hasta disponer de los permisos", señala el director del Parque, quien recalca que "se dará prioridad a las autorizaciones con fines científicos o educativos".Además de las avionetas, la normativa vigente desde diciembre regula las operaciones de los drones, los aviones no tripulados. José Antonio Fernández Bouzas avisa que los guardias ejercerán un control específico sobre los visitantes para evitar que introduzcan drones en la isla. Recuerda que para operar estos aparatos, los particulares deben recibir una formación específica y contar con una licencia, mientras que a las empresas se les exige una autorización de Aviación Civil, "y en Galicia hay muy pocas". Para usar estos dispositivos en los archipiélagos, los permisos seguirán los mismos cauces que para los avionetas.
