El exconselleiro de Infraestructuras y máximo responsable de la política aeroportuaria gallega durante los últimos años abandona su discurso de coordinación -teórico, que no práctico- y se vuelca en la negociación unilateral con compañías aéreas para potenciar en exclusiva el aeropuerto de Lavacolla. El ahora alcalde de Santiago, Agustín Hernández (PP), apura los últimos meses antes de las elecciones municipales y lo hace en un terreno que conoce muy bien por su experiencia como responsable autonómico: el de los acuerdos con compañías aéreas. En su puesto ahora como regidor local la terminal compostelana se ha convertido en su única preocupación dejando de lado su tan repetido discurso de cooperación. Primero se reunió con Vueling en Santiago y la aerolínea anunció tres nuevas rutas a la semana siguiente. Pero sus negociaciones no acaban aquí, ya que está apurando nuevos acuerdos al menos con la low cost Ryanair, quien ya le ha hecho llegar una propuesta y que casualmente fue la aerolínea con la que firmó ya otros contratos millonarios para Lavacolla en su etapa como conselleiro, y también con Turkish Airlines.

Pero el amplio abanico de compañías con las que Agustín Hernández está ya negociando para potenciar la terminal compostelana no solo choca de frente con su antiguo discurso de coordinación. También lo hace con su llamamiento a los Concellos de esperar a los acuerdos del Comité de Coordinación de Rutas Aéreas de Galicia creado por el Ministerio de Fomento, en el que él en su última etapa como conselleiro comenzó a delegar la responsabilidad de la captación de rutas pese a que durante años fue Hernández quien aprobó las subvenciones millonarias a aerolíneas en Galicia desde la Xunta, principalmente y en mayor medida a Lavacolla y a la compañía irlandesa Ryanair.

En base a los hechos, para Agustín Hernández ya no existe la coordinación y ni tan siquiera el Comité de Rutas. Y aunque Lavacolla parece haberse convertido en la panacea para las aerolíneas, lo cierto es que detrás de este interés se esconde un importante aporte de ayudas millonarias procedentes de fondos públicos. Un dinero que les permite decidirse por un aeropuerto u otro y que desde el Concello de Santiago insisten en remarcar que es para el manido eufemismo de "acuerdos promocionales" o "contratos de promoción turística" y no directamente para "pagar vuelos". Pero lo cierto es que aunque en los acuerdos con todas las aerolíneas se firman estrategias de promoción y publicidad, el objetivo final y la razón de ser de todos ellos es la apertura de nuevas destinos o la mejora de los existentes. En Galicia, en Asturias, en Cataluña y en todas y cada una de las comunidades en las que hay estos convenios es exactamente igual.

Sin transparencia

Al contrario de lo que ha hecho el Concello de Vigo lanzando un concurso público transparente con todos los datos y cifras sobre la mesa para captar compañías aéreas, Agustín Hernández ha continuado como alcalde de Santiago la misma modalidad de negociación unilateral con las compañías aéreas que realizaba en su etapa como Conselleiro de Infraestructuras. Y es que por el momento no ha hecho pública las cantidades destinadas -y reservadas- para pagar vuelos en Lavacolla. Algo que sí hace no solo Vigo, sino también su compañero de partido (PP) y alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, que anunció tanto el convenio de 1,4 millones de euros con Air Europa, como los que mantiene con TAP y Vueling para Alvedro.

Y este ocultismo no solo lleva a la confusión sobre la capacidad real de cada aeropuerto a ser competitivo con las reglas de mercado, sino que siembra dudas sobre la procedencia de los fondos que se conceden en Santiago a las compañías aéreas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo denunció ya en reiteradas ocasiones. La última, la semana pasada, cuando acusó a la Xunta de estarle concediendo fondos para financiar vuelos. "La empresa municipal Incolsa vinculada a Turismo va a dedicar 2,5 millones de euros a vuelos desde Santiago que le va a dar la Xunta a través de inversiones y apoyos", dijo. Además, Caballero puso en duda que el Concello compostelano pueda destinar fondos de sus arcas públicas para subvencionar a compañías "cuando tiene serias dificultades económicas".