La adjudictaria del Auditorio Mar de Vigo recurre a los tribunales para que se le reconozca su derecho a que el Concello inyecte más fondos para "restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato". Pazo de Congresos S.A. achaca la imposibilidad de satisfacer los objetivos económicos de la concesión "al incumplimiento de las expectativas de desarrollo urbano del entorno" y a la grave crisis económica y planteó en primer lugar sus pretensiones por vía administrativa. El gobierno local rechazó en septiembre de 2013 realizarle transferencias periódicas para garantizar la viabilidad de la concesión y la alianza de empresas formada por Sacyr, Novacaixa y el Grupo Puentes recurrió esa negativa ante el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo.

En la sesión celebrada ayer comparecieron los comercializadores de espacios de Testa y varios peritos para evaluar si la concesión es viable en las actuales circunstancias, analizar las características del entorno, la pérdida de valor del inmueble desde su construcción y otros dos abordaron la evolución del mercado y las condiciones de comercialización a petición del demandante.

"La construcción del Auditorio debía financiarse con el rendimiento de estas actividades aledañas de arrendamiento de espacios comerciales y oficinas y como ello no sucedió se pide que se reequilibre el contrato", explica el abogado de la adjudicataria, Ander de Blas. "Entendemos que la viabilidad del pazo iba condicionada al desarrollo del entorno urbano en el que se encuentra", reitera el representante de Pazo de Congresos, quien explica que por ahora solo buscan que se le reconozca su derecho al restablecimiento del equilibrio de la concesión y dejarían para una fase posterior el cálculo de la cuantía a percibir y su reclamación al Concello.

La UTE exige una mejora del entorno inmediato donde está previsto el desarrollo de varios proyectos residenciales que por ahora no han salido adelante. Pero el informe del secretario municipal en el que se apoyó el gobierno local para desestimar las peticiones de Pazo de Congresos S.A. hace ahora un año descarta que existan "circunstancias extraordinarias que alterasen la economía del contrato". No solo rebate que el Concello tuviese obligación de impulsar la regeneración urbanística del entorno, sino que recuerda que el pliego del contrato establece el proceso contrario al recoger que el propio Palacio podría funcionar como "elemento tractor" de la transformación de la zona. El documento pone en duda que la UTE realizase los esfuerzos necesarios para captar operadores para las zonas comerciales y oficinas, algo que ayer trataron de argumentar desde la UTE con un listado de los contactos comerciales realizados.