La línea límite de edificación que rodea la AP-9 y la VG-20 bloquea el desarrollo de 83.000 metros cuadrados de suelo urbanizable y deja fuera de ordenación un total de 53 viviendas unifamiliares y un equipamiento escolar construidos antes de la entrada en funcionamiento de estas grandes infraestructuras. Los titulares de esos chalés solo pueden realizar obras de mantenimiento y a los dueños de las parcelas vacías se les deniegan las solicitudes para edificar a pesar de que son propiedades que se asientan sobre suelo urbano consolidado y están perfectamente reconocidas en el Plan Xeral de 2008. Urbanismo aprobó ayer una memoria sobre la incidencia "claramente excesiva" de este perímetro estatal de 50 metros que se contradice con el ordenamiento municipal. El objetivo es utilizar este informe como base para reclamar al Ministerio de Fomento una reducción de esos límites a la edificación alrededor de los túneles de Candeán, A Madroa y Valladares.

Los técnicos vigueses concluyen que esta línea teórica de 50 metros desde el borde derecho de los viales dentro de la cual no se permite construir "está frenando el desarrollo del Plan Xeral en 206.082 m2 de suelo". Una parte es rústico, otra de protección forestal y una tercera urbanizable y sin desarrollar. El estudio realizado por Urbanismo tiene por objeto "poner de manifiesto las graves afecciones generadas por las servidumbres de los túneles y proponer soluciones que permitan minimizar sus efectos y desbloquear las licencias en esa importante franja de suelo".

El procedimiento es similar al iniciado en 2012 y culminado con éxito para corregir las afecciones del segundo cinturón en el tramo concreto que afectaba al desarrollo del PAU de Navia y ocho naves del polígono del Caramuxo. El gobierno local consiguió en aquella ocasión una rebaja de los límites, por lo que vuelve ahora a intentarlo con otras tres zonas sensibles del municipio y pendientes de desarrollar urbanísticamente. Arranca los trámites a raíz de las reclamaciones de varios propietarios de suelo afectados, siendo el más significativo el de una vecina de Valladares cuyo solar "cumple con todos los requisitos para obtener licencia de edificación", según reconoce Urbanismo, y que recibió informe desfavorable de la Demarcación de Carreteras.

Tras hacerse eco de esta demanda, el Concello plantea a Fomento que en el túnel de Candeán el límite de edificación sea la proyección ortogonal del parámetro externo de cada túnel, en el caso de A Madroa a 25 metros del parámetro exterior norte, manteniendo a 50 metros la línea sur en suelo rústico de protección forestal. Para el segundo cinturón se solicita un cambio aún más importante, rebajando hasta 10 metros los nuevos límites de edificación.

En su argumentación, los técnicos de Urbanismo destacan que la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia no objetó ninguna de las clasificaciones de suelo urbano consolidado situadas en el entorno de la montera de estos túneles en su informe sectorial a la aprobación del PXOM de 2008. Y añade la obviedad de que estas recientes infraestructuras afectan a viviendas y edificios dotacionales que existían con mucha anterioridad. Concluye que el perímetro de 50 metros "genera graves daños patrimoniales a los propietarios de solares y viviendas afectadas, así como al equipamiento escolar de Barrocas". Se argumenta que el PXOM "trató de dar coherencia al suelo urbano preexistente y a su entorno más próximo clasificándolos como suelo urbano consolidado" y sostienen que la revisión de las líneas límites de edificación no afectarán "a la integridad de la estructura de los túneles", que es el fin para el que se establecen estas líneas de protección.