17 de septiembre de 2014
17.09.2014

La Asociación San Francisco recurrirá "hasta el final" la decisión de la Xunta

"Iremos a por todas", anuncia Eladio Fernández tras conocer la pérdida de ayudas para su centro ocupacional »Beatriz Mato: "Lo que hacemos es cumplir las leyes"

17.09.2014 | 11:36

La Asociación Galega San Francisco (Agasfra) no se quedará de brazos cruzados tras conocer la resolución del concurso que adjudica las 73 plazas subvencionadas de su centro ocupacional a partir de octubre a la Residencia Doral, de iniciativa privada. El colectivo anunció ayer en su local de la rúa Cangas que recurirrá la que considera una "inhumana" decisión de la Xunta ante el Contencioso Administrativo por un lado y ante el Tribunal Constitucional, por otro, éste último por "vulnerar" los derechos de las personas discapacitadas. "Iremos a por todas", aseguró su presidente Eladio Fernández, que anunció una manifestación mañana de todas las asociaciones gallegas en favor de personas con discapacidad intelectual a las puertas de la consellería de Traballo e Benestar, en Santiago.

Por su parte, la titular de la consellería, Beatriz Mato, defendió que la Xunta hizo "todos los esfuerzos" para que el centro San Francisco "regularizara" su situación e insistió en que la Xunta lo que hace "es cumplir las leyes" en todo momento. "Hubo una entidad que optó y obtuvo una mejor calificación técnica y económica", zanjó la conselleira, que aseguró que los 73 discapacitados intelectuales seguirán recibiendo el mismo servicio.

En una rueda de prensa en la que dieron la cara el presidente de Agasfra, Eladio Fernández; la directora del centro, Catalina Conde; el gerente, José Manuel Vila; y dos miembros del comité de empresa, Beatriz Gonda y Emma Dopico, la asociación hizo público su enfado y su decepción por una "situación complicada que nadie creía que podía llegar".

Eladio Fernández fue el encargado de hacer de portavoz del colectivo, denunciando las "mentiras" y la mala fe de la consellería de Benestar en todo momento, asegurando que nunca existió voluntad de diálogo. "Se trata a nuestros hijos como mercancía y a nosotros como empresas con ánimo de lucro, nunca se tuvieron en cuenta nuestras características sociales, la experiencia después de 47 años trabajando en esto", explicó Fernández, que desveló que la asociación ha invertido en los dos últimos años casi 280.000 euros en adaptar el centro ocupacional.

Preocupan también los puestos de trabajo de 23 personas a tiempo completo y de 13 a tiempo parcial. "La consellería dice que va a mediar con la empresa nueva para que subrogue al personal pero dicen que no le pueden obligar", indica Beatriz Gonda, presidenta del comité de empresa.

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