"La demanda de que se derribe la Cruz de O Castro es razonable, y lo que espero es que impere el sentido común, que el Concello no recurra la sentencia y se de por acabado este tema". Así se expresaba ayer el presidente de la Asociación pola Memoria Histórica do 36, Telmo Comesaña, a la hora de valorar la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que da la razón a este colectivo y condena al Ayuntamiento a que proceda "de forma inmediata" a adoptar las medidas oportunas para retirar el monumento, inaugurado en 1961 como homenaje a los caídos. El fallo no es firme y hay un plazo de quince días para recurrirlo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Concello, al respecto de si apelará ante el Alto Tribunal gallego, ha evitado pronunciarse por el momento a la espera de que sus servicios jurídicos estudien la resolución. Aunque a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en 2007 se eliminaron numerosos vestigios como inscripciones, escudos y otros emblemas, tanto en Vigo como en otras ciudades españolas, la cruz viguesa es la primera de las de la misma índole levantadas en España durante la dictadura franquista que la Justicia ordena retirar.

La asociación viguesa, representada en el proceso judicial por el abogado Guillermo Presa, comparecerá hoy públicamente para valorar el fallo. Pero su presidente Telmo Comesaña adelanta que, a título particular, considera que lo "lógico" es que la resolución no se recurra. "Y si el Concello lo hace seguiré en esta tarea de luchar para que se elimine esa cruz, pondremos todo nuestro esfuerzo, ya que en Vigo es el símbolo de los símbolos del franquismo; por su significación, por su dimensión colosal... es una espada clavada en el corazón de Vigo", afirma este hombre, que recuerda que, desde 2005, en los propios estatutos del colectivo, ya se recogía como uno de sus objetivos "erradicar" todos los vestigios de la dictadura, entre ellos este monumento de O Castro.

Para Comesaña, fue vital para esta sentencia el informe pericial del profesor universitario e historiador José Ramón Rodríguez Lago: "Fue muy minucioso". Al respecto, el propio docente se mostraba ayer satisfecho de poder "contribuir", desde el conocimiento que aporta su profesión, "a iniciativas cívicas que permitan construir una sociedad más democrática". "Mi trabajo, a petición de la asociación y del juzgado, aporta información de carácter historiográfico sobre el origen y el significado del 'Monumento a los caídos", explica, para añadir que para realizar la pericial contó con documentación de archivos, prensa de la época y bibliografía. "Mis investigaciones previas en el Archivo Secreto Vaticano y mis publicaciones sobre el papel de la Iglesia y los católicos en la Galicia de la Guerra Civil sirvieron también para aportar datos concluyentes", afirma.

Por su parte, el gobierno local todavía no se ha pronunciado, a la espera de que sus servicios jurídicos estudien la resolución. Mientras, el grupo municipal del PP emitirá hoy, tras su reunión ordinaria, una postura oficial. Ayer las fuentes consultadas señalaban, tras matizar en todo caso que se respetan y acatan las decisiones judiciales, que todavía no conocían "oficialmente" la sentencia. Quien sí se se pronunció fue la portavoz del grupo municipal del BNG, Iolanda Veloso, quien mostró su "satisfacción" por el fallo. "Era una demanda de la asociación y de buena parte de la ciudadanía; es una cuestión de justicia", afirmó la representante nacionalista, que añadió que el BNG ya venía luchando por ello y que ahora reclamará "que se cumpla" el fallo. "Esperemos que el alcalde no pierda el tiempo en un recurso", dijo.

La resolución que dio inicio a este proceso judicial fue la de la Xunta de Goberno Local de marzo de 2013, que rechazó el derribo de la cruz al estimar que en la actualidad, después de que en 1981 se despojase al monumento de los vestigios asociados al régimen, ya no es un símbolo franquista, sino de carácter religioso. Pero ésta no fue la única decisión al respecto adoptada desde la esfera municipal. Por ejemplo, también el pasado año, pero en septiembre, el pleno dijo "no" a demoler la construcción al rechazar una moción del BNG que instaba a su derribo: el PSOE se abstuvo y el PP votó en contra de la iniciativa.