La Fiscalía de Pontevedra, a instancia de la fiscal Carmen Díez, propone al Ministerio de Justicia que aborde un marco legal de cobertura para la adecuada protección jurídica de los menores nacidos de un vientre de alquiler, según recoge la última memoria.

Exponen que la maternidad subrogada, una práctica prohibida en España, deriva en la imposibilidad de inscribir en el Registro Civil español a los menores concebidos por esta técnica de reproducción asistida fuera de nuestro país, una vez que los bebés son traídos a España por su progenitor biológico y por la pareja o cónyuge de éste.

"Se trata de un tema de enorme repercusión, dada la frecuencia cada vez mayor, con que se utilizan dichas técnicas, que coloca a esos menores en una situación de des protección si no material si institucional, porque a efectos formales e institucionales dichos menores es como si no existieran, produciéndose una laguna legal que, a día de hoy, es inadmisible a la vista de la evolución del Derecho Comparado en ese sentido", esgrime el Ministerio Público. Y es que la Ley establece que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución "será determinada por el parto".